En este grupo En todos

Foro de Convenios



me cobran IPC es legal ?

Escrito por Zora
el 03/07/2008
El 7 de mayo del año 2007 mediante el consorcio VESPA se hiso un contrato de compra de una casa  valorada  220. 000 BS. F  para la fecha de la cual me estan cobrando IPC de BS. F 27. 000 hasta el mes de junio de la presente fecha ¿Que tan legal y en base a que toman su calculo? Les agradezco su  ayuda  att:zoraida de mota  en valencia a los 02 07 de el 2008
Escrito por Ipc Ilegal
el 18/05/2009

<! -- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} @font-face {font-family:"Century Gothic"; panose-1:2 11 5 2 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"Bradley Hand ITC"; panose-1:3 7 4 2 5 3 2 3 2 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:script; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p. MsoNormal, li. MsoNormal, div. MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:. 0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12. 0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p. MsoBodyText, li. MsoBodyText, div. MsoBodyText {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12. 0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span. MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span. MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:612. 0pt 792. 0pt; margin:70. 85pt 3. 0cm 70. 85pt 3. 0cm; mso-header-margin:36. 0pt; mso-footer-margin:36. 0pt; mso-paper-source:0;} div. Section1 {page:Section1;} -->

IPCIlegal@hotmail. Com

15/Diciembre del 2008.

Ingresen sus comentarios a través de https://ipcilegal.blogspot.com/

Marco Lógico –Legal, del Cobro de IPC en la construcción de viviendas a crédito o financiadas.

La situación es la siguiente; actualmente existe una modalidad de adquirir vivienda conocida como preventa o compra en plano, la cual consiste en la adquisición de una unidad habitacional no existente (por construir, en maqueta); esta negociación se lleva a cabo de la siguiente forma, el comprador se compromete a adquirir una vivienda a futuro, la cual cancelara en dos partes:

Primera Parte: Una inicial, que dependiendo del inmueble, ubicación y costo, oscilara entre el 50 y el 80% del precio del mismo, dicha inicial la “financia” la constructora por un determinado numero de meses, aunque el termino correcto es que se “fracciona”, debido que quien financia utiliza dinero de su propio peculio y en este caso el dinero utilizado es el aportado por los futuros propietarios.

Segunda Parte: El saldo restante, mejor conocido como “monto a protocolizar” que se cancela al momento de la firma definitiva (después de que el inmueble obtiene los permisos de habitabilidad), sobre este monto restante se puede optar por un crédito hipotecario (anteriormente Ley de Política Habitacional); pero la realidad es que las constructoras no se comprometen a esperar la gestión y otorgamiento de dicho crédito habitacional, que en el mejor de los casos puede durar alrededor de tres meses. Este tipo de crédito resulta bastante beneficioso para quien desee adquirir su casa ya que la tasa de interés es prácticamente irrisoria; pero las constructoras saben muy bien que este tipo de financiamiento depende del ingreso o salario de la(s) persona(s) que lo soliciten, por ejemplo para obtener un crédito de 132. 000 BsF. Debe usted contar con un ingreso de 6. 900 BsF mensuales demostrables, (movimientos bancarios, recibos de nomina, etc. …), es por tal motivo que las constructoras no se comprometen a esperar por dicho pago, porque saben que posiblemente no se le apruebe el monto total solicitado por el comprador.

Hasta el punto anteriormente expresado no existe ningún problema, depende del comprador evaluar sus ingresos y capacidades de pago, para así determinar de acuerdo al costo, el inmueble de su preferencia.

Pero existe una figura conocida como IPC dentro de este tipo de contratos, que consiste en la “INDEXACION” que es el ajuste mensual de la inflación al saldo deudor (Precio total del inmueble menos los aportes realizados) dicho ajuste se cancela en algunos casos mensualmente y en otros conjuntamente con el saldo restante o monto a protocolizar.

Las constructoras explican que ese ajuste o recargo lo establece el Banco Central de Venezuela (BCV) a través de su pagina Web, sugiriendo o queriendo hacer creer al comprador que este cobro es legal, porque emana de una Institución del Estado.

Ellos justifican este cobro por el supuesto aumento del precio de la vivienda al momento de la entrega, ya que al verse afectada por la inflación, este encarece el precio del inmueble adquirido y seria lógico pensar, que si este cuesta mas debes pagar mas.

Pero la realidad es que dicho encarecimiento fue previsto y en base al mismo fue estipulado el precio de venta al publico que se nos oferto (es por tal motivo que el precio de los apartamentos en preventa superan abiertamente el precio de venta de los inmuebles ya existentes);

Todo Empresario promotor avezado en el área de la construcción, sabe perfectamente que el precio de venta de un inmueble, se estable sobre la base de una proyección monetaria para un determinado período (IPC), en el cual realiza su oferta publicitaria.

Ese precio no pude ser modificado en dicho lapso, bajo ninguna circunstancia, toda vez que se expone a las sanciones previstas en el Régimen legal que rige la materia. Por ello, generalmente en los Desarrollos habitacionales, suele utilizarse los vocablos etapas I, II, III, etc.

En dicho precio están subsumidos además de una ganancia razonable, los costos de los insumos; las erogaciones para su obtención, transporte, mantenimiento y disponibilidad en el área de trabajo; los costos de Contratación de la mano de obra; el Régimen impositivo y demás Contribuciones Nacionales y Municipales; la Tabla de costos de los Servicios y Maquinarias a contratar en la ejecución de la obra; las Fuentes emergente del Financiamiento bancario y su tasa Activa; El costo real de la Financiación; el costo por nivel de Riesgo del negocio a emprender; Las Tasas y Primas de cobertura de los Seguros; los cambios de la Política Fiscal y Monetaria del Gobierno Nacional; la Coyuntura Económica del país, su perspectiva y prospectiva; los costos publicitarios; los gastos de Administración y Oficina; los Honorarios Profesionales; los eventuales gastos de Registro y Notaria por conceptos de planos y del documento de condominio; los cambios climáticos; y los imprevistos en general.

Con tal cúmulo de información el contratista promotor, establece el estereotipo de un Plan de Ventas, no solo competitivo, con el resto de la oferta del mercado, sino también creíble y ejecutable, lo contrario es una temeridad, que raya con la más absoluta irresponsabilidad la cual por ningún concepto debería ser imputable al comprador.

Por ello, es sobreentendido que en el precio de venta pactado al momento de la firma de opción de compra-venta, ya se incluía la corrección monetaria en cuestión, al menos hasta la supuesta fecha de entrega o firma del documento definitivo de compra-venta; y por analogía, los demás elementos señalados en el punto anterior, habían sido considerados, haciendo factible su ejecución y entrega en la fecha estimada y ofertada por la constructora.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, resulta inadmisible y una aberración, la pretensión del cobro del IPC después que se ha pactado el precio.

Es necesario evaluar también, que sucede con nuestros aportes; nosotros entregamos fuertes sumas de capital que generan dividendos reales e inmediatos al constructor, nuestro dinero les permite capitalizar sus empresas, solicitar créditos, generar intereses, les posibilita la compra de títulos que luego permutan, etc. …. ; en otras palabras nuestro dinero, les permite hacer mas dinero y por ende crecer y generar mas capital.

Esto se explica porque nuestro dinero, si tiene un valor tangible y real, liquido y exigible; a diferencia del inmueble inexistente que orgullosamente y prácticamente a ciegas adquirimos.

Es valido preguntarse, ¿Si el precio del apartamento que adquieres se incrementa tanto al momento de su entrega, por qué las constructoras no venden los apartamentos al costo del mercado cuando estén listos?

Y la respuesta es muy simple, no lo hacen porque de esa forma no obtendrían tantas ganancias como con la modalidad de preventa, aparte de que no cuentan con el capital o aval suficiente como para desarrollar estos proyectos, por ese motivo ellas se “financian” con nuestro dinero.

DE LA INFLACION :

Con el fin de entender el IPC es necesario analizar a profundidad que es y en que consiste la inflación, que según el concepto se define como:

“En economía, la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. ”

Para empezar, según el concepto se trata del aumento de los bienes y servicios, es decir, tiene que existir el bien para que exista dicho aumento y ese bien (apartamento, casa, Town House u otro), no existe todavía.

En otras palabras el inmueble no puede encontrarse afectado por la inflación, porque NO EXISTE, Lo que si pudiese encontrarse afectado por la inflación son los materiales e insumos usados para la construcción de la vivienda (ya que son bienes), pero tendría que determinar el constructor el costo y momento de adquisición de los mismos, para de esta forma lograr estimar a que bienes y desde que momento los afectaría dicha inflación.

En este caso, la inflación no afectaría la totalidad del precio de compra del apartamento o saldo deudor, ya que el precio de venta al público es compuesto, si lo separamos encontramos costos por materiales y mano de obra, gastos administrativos y de comercialización, permisos y por supuesto la ganancia. A grosso modo podríamos estimar que el costo de los insumos y materiales podría llegar (favoreciendo bastante al constructor) a un 40% del precio de venta.

Entonces, cabe la pena preguntarse lo siguiente, aplicar la inflación a algo que no se debería y luego capitalizarla y cobrarla al comprador por un motivo inexistente (sin causa) ¿No se pudiera considerar ilegal o contrario a derecho?

Referente a esto el Artículo 1. 184 del Código Civil establece lo siguiente:

Aquél que se enriquece SIN CAUSA, en perjuicio de otra persona, está obligado a Indemnizarla dentro del límite de su propio enriquecimiento, de todo lo que aquélla se haya empobrecido. ”

Así como el Artículo numero 15 numeral cuatro, de la Ley Para La Defensa De Las Personas En El Acceso a Los Bienes y Servicios, que expresa lo siguiente:

“SE PROHÍBE todo acto o conducta por parte de los proveedores de bienes y prestadores de servicios que tengan por objeto o efecto la imposición de condiciones abusivas en relación con los consumidores o usuarios y en particular las siguientes:”….

…. ”La imposición de precios y otras condiciones de comercialización de bienes y servicios sin que medie JUSTIFICACIÓN ECONOMICA”.

O en su defecto, La sentencia del 4 de Julio del 2007 (T.S.J Sala Político-Administrativa) Caso Consorcio Kempis Chuspita, donde se ratifica el criterio de la sala estableciendo lo siguiente:

“En tal sentido si existe un traspaso de bienes de un patrimonio a otro, sin razón legal que lo justifique, nos encontramos ante un típico caso de enriquecimiento sin cusa, en el que uno de los sujetos intervinientes en el traspaso patrimonial sufre un empobrecimiento que contrasta con el enriquecimiento del otro sujeto, sugiriendo por lo tanto la necesidad de reestablecer el equilibrio económico que se ha quebrantado”

Pero sigamos desglosando un poco mas el concepto de inflación; dicha definición expresa que ese aumento del precio en los bienes y servicios debe ser “medido frente a un poder adquisitivo estable”.

“El poder adquisitivo es la capacidad de compra que tiene una persona y esta viene dada por el ingreso o salario que devenga. ”

¿Es nuestro poder adquisitivo estable?

Según audiencia realizada el 17 de Enero del año 2002, ante el Tribunal supremo de Justicia en referencia a los créditos indexados, la sala constitucional formulo entre otras, la siguiente pregunta:

- ¿Determinar si el ingreso salarial promedio crece en la misma proporción de la tasa de interés aplicada a los préstamos indexados?.

A lo que el experto Rafael Deret García respondió que “el ingreso salarial promedio nacional no crece en la misma proporción que la tasa de interés aplicada a los préstamos indexados”.

Según lo expuesto anteriormente nuestro salario no crece en la misma medida que lo demás bienes, si con mi salario me es posible adquirir hoy un pantalón y una camisa, transcurrido un tiempo podré adquirir únicamente el pantalón, lo que quiere decir que mi “poder adquisitivo” disminuye por lo tanto no es estable.

DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC):

Antes de profundizar en materia jurídica, debemos saber de que se trata el IPC y si se puede considerar un interés, comisión o recargo “legal” imputable a los bienes y servicios.

Para conocer en que consiste realmente el IPC debemos acudir directamente a su fuente u órgano emisor el Banco Central de Venezuela.

En la página Web, del BCV encontramos la siguiente definición y cito textualmente:

¿Qué es el Índice de Precios al Consumidor (IPC)?

Es un indicador estadístico que tiene como objetivo medir el cambio promedio en un período determinado, en los precios a nivel del consumidor de una lista de bienes y servicios representativos del consumo familiar, con respecto al nivel de precios vigente

para el año escogido como base.

Como ha sido tradicional en Venezuela y como es norma en todos los países del mundo, el cálculo del IPC se basa en la fórmula denominada Laspeyres, que consiste básicamente en comparar los precios mensuales de una canasta de bienes y servicios que se mantiene fija durante el período de vida útil del índice, con respecto a los precios de esos mismos artículos en el año base.

Según el concepto, el Índice de Precio al Consumidor mejor conocido como IPC es un Indicador estadístico. En otras palabras, en ningún momento el BCV establece que el IPC es un cargo o interés aplicable a bienes y mucho menos a la adquisición de viviendas bajo la modalidad de preventa.

Se trata de un Índice y se establece basado en el precio de los BIENES.

Un afectado realizo una consulta personal al BCV, sobre si este regula o establece de acuerdo a la Ley del Banco Central de Venezuela el cobro o pago del IPC en operaciones mercantiles, a lo que respondieron:

“Cuando le informamos que el BCV no regula el uso del IPC es porque no lo regula en NINGUNA SITUACION, por ello resulta obvio que en la ley del BCV no aparezca ninguna alusión al pago de IPC.

El IPC es un cálculo que determina como varían los precios de diferentes productos y servicios mes a mes. ”

En resumen; El Índice de Precios al Consumidor es un instrumento de medición elaborado por el Banco Central de Venezuela con el fin UNICO de medir y determinar la inflación o variación de precios de los bienes y servicios en el país.

El IPC no es por si mismo un interés, gravamen o recargo aplicable a los bienes y servicios, ósea, el BCV ni ninguna otra institución o ley establece el cobro del IPC en operaciones mercantiles.

El único organismo capaz de intimar la inflación o indexar con la finalidad de resarcir daños y perjuicios, son los tribunales de la republica y esta figura es mejor conocida como “corrección monetaria”.

Pero para poder solicitar dicha corrección monetaria, previamente debe existir el incumplimiento o atraso de las obligaciones contraídas, es decir, si el comprador se atrasa en el pago, el vendedor podrá demandar la cancelación del monto adeudado y solicitar (en el libelo de la demanda) sea aplicado a este la corrección monetaria o los intereses moratorios correspondientes.

Pero el vendedor tiene que demandar e ir a juicio (y por supuesto ganarlo), de ninguna manera la ley establece que de forma unilateral el podrá ejecutar el cobro de la corrección monetaria; Siendo el tribunal competente quien establecerá la fecha de inicio y los porcentajes de afectación de dicho ajuste.

Cabe acotar que de igual forma, si es el vendedor quien se atrasa en sus obligaciones (fecha de entrega del inmueble, algo excesivamente común), el comprador podrá demandar ante el tribunal el cumplimiento de la obligación y la aplicación de la corrección monetaria para reparar en justa medida los daños y perjuicios ocasionados.

Hasta el momento hemos podido determinar que en este tipo de compra de viviendas en preventa (por construir, en planos), el comprador no adquiere una vivienda, sino el “derecho” de poder comprar (cuando exista) un inmueble. Es por tal motivo, que dicha vivienda no podrá indexarse o verse afectada por la inflación, hasta el momento que exista, encontrándonos de esta forma ante un cobro sin causa justificada o sin justificación económica según lo previsto en nuestro Código Civil y la Ley Para La Defensa De Las Personas En El Acceso a Los Bienes y Servicios.

DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA:

Nosotros los compradores (personas naturales y/o jurídicas) al igual que las constructoras y demás sociedades mercantiles (también, personas naturales y/o jurídicas) así como todo bien mueble o inmueble, somos objeto de las leyes concernientes al Estado y/o a las capacidades de las personas, tal y como se expresa en nuestro Código Civil:

Articulo 8: “La autoridad de la Ley se extiende a todas las personas nacionales o extranjeras que se encuentren en la republica”

Articulo 10: “Los bienes muebles o inmuebles, situados en Venezuela, se regirán por las leyes venezolanas, aunque sobre ellos tengan o pretendan derechos personas extranjeras”

En otras palabras nuestro Código Civil, es competente y establece los mecanismos de regulación de las relaciones entre personas naturales y jurídicas en nuestro país, así como el Código de Comercio regula las relaciones comerciales de todas las personas que realicen actos de comercio en Venezuela:

Tal y como aparece expresado en el Artículo 1, del Código de Comercio:

“El código de comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes”

El INDEPABIS (antiguo INDECU) se rige fundamentalmente por La ley Para La Defensa De Las Personas En El Acceso a Los Bienes y Servicios que en su Artículo 19 establece su competencia en lo que a denuncias inmobiliarias se refiere.

Articulo 19: “Cualquier persona perjudicada en sus derechos o intereses podrá denunciar ante la autoridad competente, cuando se le promocione, oferte, comercialice, se le financie, se le construya o se le arriende un inmueble por aquellos sujetos dedicados a la promoción, construcción, comercialización, arrendamiento o financiamiento de viviendas e inmuebles, cuando violen las disposiciones de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. ”

De acuerdo a lo anteriormente expuesto el INDEPABIS conocerá de aquellos casos donde se violen las disposiciones expresadas en dicha ley en relación al FINANCIAMIENTO DE VIVIENDAS E INMUEBLES.

Según esto, es pertinente profundizar lo que establece La ley Para La Defensa De Las Personas En El Acceso a Los Bienes y Servicios, en concordancia con nuestro Código Civil en lo referente a la venta a crédito o con financiamiento:

En su artículo 76 primer aparte de La ley Para La Defensa De Las Personas En El Acceso a Los Bienes y Servicios, expresa lo siguiente:

“En las operaciones de venta a crédito de cualquier tipo de bienes o servicios y los financiamientos para estas operaciones, no podrán obtenerse por concepto de intereses, comisiones, o recargos, ninguna cantidad que exceda los limites máximos fijados o permitidos por el Banco Central de Venezuela”

Esta Ley establece que en la venta de cualquier tipo de bien (casas, vehículos, chuchearías etc. …) a crédito o financiado, el proveedor (constructor, concesionario, kiosco, etc. …) no podrá obtener por NINGUN concepto, cantidades que excedan los limites máximos establecidos por el Banco Central de Venezuela.

En este caso se establece que los limites máximos o permitidos son fijados por el BCV, entonces es necesario aclarar ¿Quien faculta al Banco Central de Venezuela a establecer dichos limites?, ¿Cual es ese limite actualmente?, ¿Si ese limite que impone el BCV es el IPC?y ¿Quienes se ven facultados o vinculados por esta regulación?.

La Ley del Banco Central De Venezuela en su artículo 49, expresa lo siguiente y cito textualmente:

“El Banco Central de Venezuela es el UNICO organismo facultado para regular las tasas de interés del sistema financiero. En el ejercicio de tal facultad podrá fijar las tasas máximas y mínimas que los BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, privados o públicos, regidos por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras o por otras leyes, pueden COBRAR Y PAGAR por las distintas clases de operaciones activas o pasivas que realicen…”

Queda suficientemente clara la competencia que tiene el Banco Central de Venezuela, en el establecimiento de las tasas de interés en concordancia con lo establecido en La Ley Para La Defensa De Las Personas En El Acceso a Los Bienes y Servicios; pero también queda clara una distinción especialísima sobre el tipo de instituciones que se encuentran tuteladas o reguladas por esta disposición, en ella se faculta UNICAMENTE a los “Bancos y demás instituciones financieras regidos por la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras”, al cobro de las tasas de interés fijadas o permitidas por el BCV; es por tal motivo que los Bancos y otras instituciones financieras pueden cobrar intereses del 28% anual en tarjetas de crédito o cancelar intereses de hasta un 20% por cuentas de ahorro u otras cuentas.

Es decir, el resto de las personas, empresas y sociedades mercantiles “no especiales”, que no se encuentren tuteladas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, (constructoras, consecionarios, kioscos etc. …) que realicen actos de comercio (construir, vender vehículos, chucherías, etc. …) y las relaciones que entre ellas dieran lugar, son normadas y tuteladas en nuestro país por la Constitución, Código Civil, Código de Comercio y demás leyes.

Entonces, al ser las Constructoras e Inmobiliarias sociedades mercantiles “no especiales” están autorizadas para cobrar única y exclusivamente, lo que nuestro Código Civil y Código de Comercio establecen, a este respecto el Código Civil expresa en su articulo 1746 aparte numero 4 de forma muy clara lo siguiente:

“El interés del dinero prestado con garantía hipotecaria, no podrá exceder en NINGUN caso del UNO POR CIENTO MENSUAL”

Y el Código de Comercio venezolano es más específico aun, estableciendo en su artículo 108 lo siguiente:

“Las deudas mercantiles de sumas de dinero liquidas y exigibles devengan de pleno derecho el interés corriente del mercado, siempre que este NO EXCEDA DEL DOCE POR CIENTO ANUAL”

En resumen, el artículo 76 primer aparte de La ley Para La Defensa De Las Personas En El Acceso a Los Bienes y Servicios fija los limites de las operaciones a crédito o con financiamiento en el caso que estas sean realizadas por Bancos u otras instituciones financieras regidas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, estableciendo y ratificando por analogía que cualquier otra persona natural o jurídica “no especial” deberá regirse por lo establecido en las Leyes de la Republica autorizando a estas el cobro del interés legal, tal y como aparece expresado en el Código Civil o Código de Comercio; de ninguna forma se encuentran estas personas “no especiales” facultadas al cobro de intereses, comisiones o recargos distintos a los establecidos en nuestra legislación.

Pero aquí no termina la ilegalidad, algunas de estas empresas o sociedades mercantiles (Constructoras e inmobiliarias), no conformes con realizar el cobro indebido del Índice de Precios al Consumidor (IPC), capitalizan, es decir, adicionan al saldo deudor lo que según ellos se ha generado por IPC mensualmente, totalizando e incrementando la deuda y calculando en base a ese nuevo monto, el nuevo cargo que por concepto de IPC se genere; produciendo por vía de consecuencia la imposibilidad de pagar la inicial en el tiempo estimado y generando un aumento sustancial del precio del inmueble, justificado en el cobro de intereses sobre el IPC, que de acuerdo a nuestro criterio no es otra cosa que el cobro de intereses sobre intereses; Acabando o extinguiendo cualquier posibilidad que tuviera el comprador para adquirir su inmueble, encontrándose forzado a rescindir del contrato, al encontrarse imposibilitado de pagar el aumento o recargo increíblemente desproporcional que en muchos casos llega a ser mayor al setenta por ciento del precio de venta pactado inicialmente.

Este cobro de interés sobre interés, no solo es ilegal y contrario a derecho, tal y como lo establece el Código de Comercio y

La ley Para La Defensa De Las Personas En El Acceso a Los Bienes y Servicios:

Código de Comercio Artículo 530:

“No se deben intereses sobre intereses mientras que, hecha liquidación de estos, no fueren incluidos en un nuevo contrato como aumento de capital”.

Ley Para La Defensa De Las Personas En El Acceso a Los Bienes y Servicios, segundo párrafo del Artículo 76:

“Los intereses de financiamiento que generen dichas operaciones NO se podrán CAPITALIZAR, debiendo en todo caso acumularse en una cuenta separada del capital adeudado, sin devengar ninguna clase de interés o cobro por su manejo, La violación de este articulo se considerara delito de USURA”.

Sino que también se encuentra calificado como “delito de usura” de acuerdo a la legislación venezolana, tal y como se expresa en los siguientes artículos:

Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela Artículo 114:

“El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, LA USURA, la cartelizacion y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la Ley. ”

La ley Para La Defensa De Las Personas En El Acceso a Los Bienes y Servicios Articulo 143:

“Quien por medio de acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla, obtenga para si o para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique una ventaja notoriamente DESPROPORCIONADA a la contraprestación que por su parte realiza, incurrirá en el delito de usura y será sancionado con prisión de uno (1) a tres (3) años”.

La ley Para La Defensa De Las Personas En El Acceso a Los Bienes y Servicios Articulo 144:

“Quien en la operaciones de venta a crédito de bienes o servicios y del financiamiento para tales operaciones, obtenga a titulo de intereses, comisiones o recargos, cualquier cantidad por encima de los máximos que sean fijados o permitidos por el Banco Central de Venezuela, en atención a las condiciones existentes en el mercado financiero nacional, incurrirá en el delito de usura y será sancionado con pena de prisión de dos (2) a cinco (5) años.

Igualmente, será sancionado con la misma pena, quien viole lo establecido en el segundo párrafo del articulo 76 del presente decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley”.

En conclusión , el cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en contratos de opción de compra-venta u operaciones de preventa, no solo no cuenta con asidero económico ya que la inflación no afecta bienes inexistentes, sino que además es el empresario, constructor o promotor quien oferta y pacta un precio de venta tomando en consideración y proyectando previo estudio las múltiples variables que podrían afectar al mismo, para que de esa forma sea factible la ejecución y entrega en la fecha estimada y poder garantizar su ganancia;

Así pues es de su exclusiva responsabilidad la planificación, ejecución, culminación y entrega de la obra en los términos propuestos y aceptados por el comprador quien honra su compromiso cancelando el precio pactado establecido por el vendedor, así como también es de entera responsabilidad del vendedor la correcta administración de los recursos aportados por los compradores, los cuales quedan a su cabal y entera disposición para la compra de los materiales e insumos y demás necesidades y gastos que de acuerdo a sus proyecciones y cálculos debe adquirir para poder dar cumplimiento en el tiempo estimado con la culminación de la obra.

También hemos logrado determinar que en este tipo de ventas, es el comprador quien financia con sus aportes (inicial, mensualidades, cuotas especiales, etc. …) la ejecución de la obra, de acuerdo con el cronograma de ventas establecido y aceptado por el empresario, constructor o promotor quien “Fracciona” de conformidad con sus perspectivas y proyecciones los pagos que garantizan la viabilidad del proyecto y por ende su culminación y entrega en los tiempos estipulados que le permitirán la obtención de su muy preciada rentabilidad o ganancia.

Siendo entera responsabilidad del constructor el establecimiento (previo análisis y estudios de factibilidad) del cronograma de pagos, fecha de entrega, así como la administración de los aportes.

Así como entera y única responsabilidad del comprador el pago del precio de venta en el tiempo acordado.

Y suponiendo que el compromiso del comprador se cumpliera a cabalidad; es responsabilidad única del vendedor la ejecución de la obra y debe ser el quien asuma las perdidas que se generen por cualquier concepto (exceptuando por supuesto la falta de pago del comprador) y deberá responder dicho empresario, constructor o promotor por los daños y perjuicios ocasionados así como también será su responsabilidad resarcir e indemnizar las perdidas que a través del tiempo le haya producido al comprador.

El cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por parte de sociedades mercantiles, compañías, constructoras, inmobiliarias, vendedores, particulares etc. …, carece de fundamento legal en Venezuela; esto quiere decir, que en nuestra legislación no se establece el cobro o cancelación del IPC bajo ningún concepto; Realizándose de esta manera un cobro indebido e ilegal sin que medie justificación económica, encontrándonos entonces ante un típico caso de enriquecimiento sin causa según lo previsto en el Articulo 1184 del Código Civil y el Articulo 15 de La Ley Para La Defensa De Las Personas En El Acceso a Los Bienes y Servicios.

Cabe destacar que nuestra legislación tampoco permite el cobro a sociedades mercantiles (compañías, constructoras, inmobiliarias, vendedores, instituciones, etc. …) no regidas o tuteladas por la “Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras” de ningún otro interés, comisión o recargo distinto al establecido en el Articulo 1746 del Código Civil y el Articulo 108 del Código de Comercio; toda vez que se expone a las sanciones penales previstas en el Articulo 114 de la Constitución de La Republica Bolivariana de Venezuela; Articulo 76, Articulo 143 y Articulo 144 de La Ley Para La Defensa De Las Personas En El Acceso a Los Bienes y Servicios.

La aplicación por demás ilegal del IPC no solo atenta contra el buen funcionamiento de los actos de comercio y relaciones comerciales fundamentales, de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley, sino también contra los Derechos Sociales y de Las Familias vulnerando y menoscabando el derecho constitucional que tiene toda persona a tener una vivienda tal y como lo expresa la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en su Artículo 82 el cual cito a continuación:

“Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénicas, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es OBLIGACION COMPARTIDA entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos”.

Estas empresas, constructoras o promotoras justifican esta aberración bajo el derecho que toda persona natural o jurídica dedicada al comercio tiene de obtener una ganancia y recuperar su dinero pero esa rentabilidad que ellos aluden no puede ser a expensas de las necesidades básicas del comprador en menoscabo de la familia y mucho menos el resultado de la aplicación de términos absolutamente ilegales y leoninos producto del abuso de la posición de dominio.

Cabe destacar que El Tribunal Supremo de Justicia en fecha del 24 de Enero del año 2002, previa solicitud de aclaratoria hecha por el Banco Central de Venezuela (BCV) sobre el significado de la rentabilidad razonable, la sala reitero lo siguiente:

“El alcance de este término se refiere a que el prestamista tiene el derecho a obtener una ganancia y recuperar su dinero, pero en materia de interés social, tal ganancia y recuperación no pueden ser a expensas de las necesidades básicas del prestatario, hasta el punto de hacerle perder la vivienda. Ello se indica expresamente en el fallo. Esta realidad debe tenerla en cuenta el Banco Central de Venezuela al determinar la rentabilidad razonable. La misma no puede ser tal que arruine o ponga en peligro, la calidad de la vida del prestatario”.

El establecimiento del cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en contratos de opción a compra-venta o preventas es total y absolutamente ilegal y contrario a derecho ya que carece de fundamento legal y no puede ser flexibilizado, acordado, desconocido o relegado mediante aciertos de voluntades y en caso de suceder tales convenios, cláusulas y contratos no surtirán efectos.

Tal como quedo expresamente señalado, el cobro del IPC no tiene fundamento legal alguno que lo sustente, siendo por tanto un enriquecimiento sin causa en perjuicio de los ciudadanos que a través de unos pagos fraccionados aspiran a adquirir sus viviendas al precio fijado inicial y contractualmente con los constructores, quienes en el curso de la ejecución de la obra, cambian unilateral y arbitrariamente y además sin justificación alguna, el precio pactado por las partes, haciendo imposible la adquisición del inmueble al comprador, a quien incluso en forma abusiva excluyen mediante artimañas y engaños reteniéndole parte de los montos de buena fe entregados para la adquisición de su vivienda. Es por ello que los Organismos del Estado deben hacer un pronunciamiento expreso de dicha ilegalidad sancionando civil y penalmente los abusos que se cometan en este tipo de negociación a todas luces ilegal y criminal.

IPCIlegal@hotmail. Com

15/Diciembre del 2008.

Ingresen sus comentarios a través de https://ipcilegal.blogspot.com/

Tito
Bolívar, Venezuela
Escrito por Tito
el 21/06/2009

Buenos días, he leido sus comentarios y creo que son excelentes, pero necesito una gran asesoria ya que no logro que me den una respuesta satisfactioria ante una gran injusticia. El caso es: " En julio del 2008 firme una opción a compra por un inmueble en construccion, en el cual yo di una inicial y pedi no se incluyera el cobro de IPC lo cual acepto el vendedor, vencido el plazo del contrato (diciembre de 2008) yo debia cancelar el saldo restante del valor pautado por el inmueble pero el constructor no logro culminar la obra a esa fecha. Razon por la cual le pedi que me regresara mi dinero tal y como lo indica el contrato en caso de incumplimiento de alguna de las partes paro yo buscar otro inmueble de menor valor ya que de igual manera y por su retraso para cuando el culminara la obra ya no podia contar yo con el dinero restante ya que era un dinero prestado por un familiar y este lo necesitaba antes del mes de marzo de 2009 ( yo pensaba usarlo en Diciembre y luego que tubiera yo la propiedad del inmueble solicitaria un crédito hipotecario y repondría el prestamo familiar). El contructor me ofrecio entonces el hacer una nueva opción de compra en la cual incrementaria el valor del inmueble en un 2. 5% más el cobro del IPC a cambio de que ahora yo pudiera tramitar un finaciamiento bancario y me presento un borrador del documento redactado por su abogado, pero yo me negue a aceptarlo ya que no establecia claramente la fecha de culminacion de la obra y eso era un requisito indispensable para el banco, asi que coloque una denucia en las oficinas de INDEPABIS en venezuela quien luego de 20 días nos cita y sugiere que hagamos el nuevo contrato y que paguemos el IPC en 50 y 50% razon por la cual busque un abogado particular, hoy en día y ya que el constructor logro obtener los permisos de habitabilidad y culminación de obra y fue eliminado por el estado venezolano el cobro del IPC me dicen que no me haran una nueva opción de compra ya que el inmueble subio su valor en un 84% y que solo me mantendran la opción notariada si cancelo el monto restante incialmente pautado el cual como ya explique ya no poseo, en tal sentido mi abogado dice que ahora soy yo quien esta en incumplimiento y que me aplicaran la clausula penal a tal efecto. Mi pregunta es si puede un tribunal hacer valer mi derecho a mantener la opción de compra pero con un financiamiento dado que el constructor no logro cumplir a tiempo lo cual notifique oportumente ante las oficinas de INDEPABIS causandome además varios perjuicios ya que al retenerme mi dinero tanto tiempo esta se ha devaluado y el otro inmueble que pretendia comprar subio grandemente su precio, vivo alquilado con mi familia y ya vencio el plazo de arrendamiento desde febrero 2009 y aunque logre recuperar mi dinero no seran sufuciente por la inflación solucionar el problema que me causo este incumplimiento del vendedor

Atentamente

Escrito por Barbara Marcela Chavez Chavez
el 07/11/2009

Ola nesecito URGENTEMENTE que alguien responada ¿Que organismos o instituciones tienen que ver con la correcta aplicacion de los ajustes por correcion monetaria (CM)?

UREGENTE PORFA

Escrito por Javier Alejandro Alvarez Pinto
el 16/07/2010

Buenas tardes tengo un problema y quisiera que uds me ayudaran. Hace dos años compre un apartamento en preventa pero debido a problemas economicos y familiares me atrase unos meses,pero ya me puse al dia sin embargo el constructor quiere quitarme el apartamento o que le pague una multa equivalente al pago total del apartamento,que me recomiendan uds, que es lo justo que debo pagar Esperando su respuesta. Gracias.