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EL DERECHO PENAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

DANIEL ERNESTO PE?A LABRIN
Escrito por DANIEL ERNESTO PE?A LABRIN
el 13/03/2008

“EL DERECHO PENAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”

 

Por: Daniel Ernesto Peña Labrin *

 

 

El hombre en todas las épocas ha anhelado acceder a la información, resaltando que los pueblos primitivos en la antigüedad buscaron un medio para registrar el lenguaje. En consecuencia, e l conocimiento brota sobre la base de la práctica humana y en gran medida, bajo la influencia de la producción material. Desde los inaugurales instantes de su existencia, el hombre se vio en la parvedad de afanar y de garantizar sus medios de vida .

  En el proceso de trabajo el   hombre   se enfrento a la naturaleza y al transmutar su fuerza y someterlas al servicio de sus propios intereses, las fue conociendo progresivamente . Para ello esgrimieron signos que señalaban a una tribu, ya que no habían encontrado otras formas de identificación. Posteriormente, alrededor del año 700 a.C. , surge el alfabeto en Grecia, el cual determinó la infraestructura mental para un enlazamiento de tipo acumulativo basado en el conocimiento. Este nuevo orden permitió dentro del discurso racional, separar la escritura del sistema audiovisual de símbolos y percepciones. A partir del desarrollo de la civilización y de las lenguas escritas, surgió también la necesidad de comunicarse a distancia de forma regular. Así es como se fueron fomentando múltiples formas como los servicios postales, el telégrafo, el teléfono, la telefonía celular, el fax, etc. [1]

La innovación informática es una realidad incuestionable y parece que también irreversible. El principal problema se traduce en buscar fórmulas efectivas de control, respecto a las cuales el Derecho ha de tener un marcado protagonismo, en su papel de regulador de las relaciones y mecanismos para el mantenimiento del orden social. [2]

Las comunicaciones dominan un lugar principal y preponderante en el acrecentamiento de los individuos. Partiendo de la oral hasta la virtual, el hombre ha modificado su conducta y su manera de percibir la realidad con la tecnología de punta que hoy tenemos a nuestro alcance. Siendo el lado más dinámico de la relación informática y derecho, es la Informática Jurídica [3] . En el cual la información contenida en soportes electromagnéticos y otros complementarios podrá ser compartida y analizada por diferentes juristas nacionales y extranjeros. [4]

          El ordenador y/o la computadora son un descendiente directo del Ábaco, un sistema creado en el año 3,000 a.C. Nos   referimos a las primeras computadoras, como el integrador y la numérica electrónica.

Con las primeras computadoras modernas, tales como la MARC 1, data de la década del cuarenta y fueron empleadas para acelerar los cálculos que hicieran posible la conservación de la bomba atómica. Eran del tamaño de un laboratorio, pesaban varias toneladas y funcionaban a base de tubos al vacío, procesando la información a través de tarjetas perforadas. Realizaban las cuatro operaciones básicas, tomándose segundos para calcular operaciones matemáticas. Estas son las denominadas de primera generación, cuya presencia ocurrió en los ámbitos militares y científicos.

La segunda generación, hizo su aparición junto al empleo de transistores, que permitieron reducir ostensiblemente el costo y tamaño de los equipos, ganando espacio, y velocidad en el procesamiento de informaciones mediante el uso de lenguajes simbólicos.

La tercera generación está marcada por la presencia de los "chips", circuitos integrados que reunían una gran cantidad de transistores en un equipo pequeño, abaratando costos. En esta etapa surgieron las minicomputadoras, máquinas con apariencia de consolas que servían como cerebro (main-frame) a una serie de "terminales" (monitores teclados) manejados por diferentes operarios al mismo tiempo, lo que permitió el trabajo multiusuario y la multitarea.

La cuarta generación data de la década de los 70 y se   profundizó en la década de los 80, teniendo como elemento central el empleo del "microchip", una miniaturización de "chips", lo que trajo como consecuencia la irrupción de las Personal Computers (PCs). Computadoras personales, poderosas herramientas de trabajo e inclusive de distracción, en manos de usuarios cada vez más numerosos en todo el mundo. Se encuentran en diferentes presentaciones: desk-top (de escritorio), lap top (portátil) e inclusive hand-op (de bolsillo).  

Estos   equipos llamados "microcomputadoras", son capaces de realizar millones de operaciones más que aquellas grandes computadoras, en apenas monosegundos (mil millonésimos de segundos). Además, gracias a la telemática (telecomunicación de la informática computarizada), vivimos en una aldea global donde cualquier información puede transmitirse al mundo, en tiempo real. [5]

En suma,   indicar a las computadoras electrónicas, es ingresar a un mundo de adelanto tecnológico continuo, con equipos de gran versatilidad. El adelanto del Software ha tenido un efecto insondable en la manera como son utilizadas estas máquinas.

La informática y la contratación electrónica han estado presentes desde los inicios de la computadora por el uso que se le daban. Los estudiosos ingresaban sus trabajos en medios físicos que luego departían con otros compañeros. Las agencias de seguridad almacenaban información para clasificarlas, analizarlas y compartirlas entre sus miembros.

Si embargo, los científicos transferían sus investigaciones a empresas privadas, organismos estatales, aplicando las tecnologías de punta para su era y realidad.

Además, la contratación electrónica va más allá de lo científico, bancario y financiero. En este último ámbito, al comienzo se utilizó como simple soporte de oficina, hasta ubicarse plenamente en las instituciones financieras, permitiéndoles el manejo de recursos; transmisión y comercialización de información; así como la transferencia electrónica de fondos entre bancos, seguros y el sistema financiero lo que se ha generalizado y es a la vez un factor de rápido positivismo como de inspiración criminógena.

Por lo tanto, la trascendencia, importancia y necesidad de legislar aspectos relacionados con el Derecho Informático: Contratación Civil & Comercial, tanto en América como en Europa, proyectan y aprueban leyes con la finalidad de contar con un entorno legal que permita desarrollar eficazmente la contratación electrónica que en última instancia beneficiará a los países en su conjunto. En el caso peruano el comercio electrónico no puede conocer un verdadero desarrollo sin un marco normativo que lo promueva y facilite. [6]

Con el boom de las computadoras en la comunidad tecnológica mundial, el mercado comenzó a multiplicarse por sus bajos costos y versatilidad, resultando atractivas tanto a las personas naturales como jurídicas. Al ingresar a los hogares, las empresas e instituciones en proporciones geométricas, surge la imperiosa necesidad de medidas de seguridad que permitan a los usuarios la adquisición de bienes y servicios en redes abiertas, con el debido soporte técnico jurídico que no puede estar ausente por los supra intereses en el orden económico y social en disputa. [7]

Sobre el apoyo histórico y empírico "El Derecho Penal y las Nuevas Tecnologías" que está emergiendo, raudamente y el incremento del delito informático que empezó de forma imperceptible en la década de 1960, cuando aparecieron en la prensa y en la literatura científica los primeros sigilosos casos del llamado "Delito de Ordenador". Dichos procesos incluían principalmente manipulaciones, sabotajes, espionajes, y abuso ilegal de ordenadores y sistemas. Sin embargo, dado que muchas de las comunicaciones de esa época se cimentaban en informaciones periodísticas, se debatía sin ponerse de acuerdo, hasta dónde el fenómeno del delito informático era una "realidad" o un producto de "ficción" lo que el transcurrir del tiempo se ha encargado de esclarecer.

Las iniciales investigaciones empíricas sobre el delito informático aplicando métodos criminológicos fueron realizadas recién en 1975. Estas disertaciones sacaron a luz un limitado número de delitos informáticos, que permanecían sin descubrirse o sin denunciarse. De igual forma, se investigaron algunos casos espectaculares de delitos informáticos, como el fraude a la "Equito Kunding" Americana; el caso "Herstatt", en Alemania o las manipulaciones en la   empresa sueca "Volvo". [8] Entendiéndose como aquellas conductas indebidas, que por el uso de cualquier medio informático deben ser tipificadas y sancionadas como ilícitos penales. [9]

La perspectiva óptica pública y científica acerca de los delitos informáticos variaron radicalmente en los años ochenta. Olas de piratería de programas, manipulaciones de cajeros automáticos y abusos en telecomunicación, revelaron la vulnerabilidad de una sociedad de información y la urgencia de estrategias de seguridad y control del delito. Además, que el delito informático no se limitaba a la delincuencia económica, sino que abarcaba agresiones contra toda clase de intereses, tales como la manipulación de una computadora de hospital o ingresando a la privacidad, que desde su origen fueron considerados delitos informáticos, por sus inocultables invasiones.

En consecuencia, los expertos ampliaron el concepto de delito informático hasta cubrir cualquier comportamiento ilegal, no ético o no autorizado referido al procedimiento automático de datos y/o transmisión de datos.

Al presente, el interés en el campo de los delitos informáticos se focaliza en casos de manipulaciones de transferencias electrónicas de fondos, "hacking", virus y gusanos, como también en "desktop forgery". Los delincuentes que actúan mediante computadoras poseen características que no concurren en el resto de personas, como son sus grandes habilidades para manejar sistemas informáticos. [10] El peligro del "hacking" se hizo obvio desde 1989, cuando mediante investigaciones criminales en la República Federal de Alemania identificaron a "hackers" alemanes usando redes internacionales de datos para obtener acceso a información norteamericana, inglesa y de otros sistemas de ordenadores, para luego vender los frutos de su "hacking" al servicio secreto soviético. Aproximadamente en la misma época (noviembre de 1988), el peligro de los virus y gusanos se puso de manifiesto cuando el "Internet-Worm" de un estudiante norteamericano afectó e hizo caer cerca de 6,000 sistemas del "Internet" en unos pocos días. [11]

Al ingresar al siglo XXI, se dieron otras formas de delincuencia en   las técnicas de la comunicación audiovisual (como por ejemplo en el sistema "Minitel" francés o con respecto a los sistemas satelitales) y como secuela de ello la legislación penal tiene que ampliar la categoría de delitos cibernéticos para que no queden impunes. Especialmente al intensificarse y modernizarse los ilícitos a través del surgimiento de las llamadas “firmas”, verdaderas corporaciones delictivas de gran poder económico, los Estados desplegaron serios esfuerzos para, dados los obstáculos que implicaba lidiar con estas redes del crimen, acentuando su introducción a los sistemas financieros, los movimientos de dinero y otros activos de origen ilegal. [12]   

La problemática descrita, ilustra que la prevención del delito informático es de alta significación, ya que los negocios, la administración y la sociedad dependen en alto grado de la eficacia y seguridad de la moderna tecnología informática. En el ámbito de los negocios, verbigracia; la mayoría de las transacciones monetarias se preparan con ordenadores. Y es así que la producción de una compañía depende en gran medida del funcionamiento de su propio sistema de datos (software) y diversos negocios almacenan sus secretos vitales en un computador. Paralelamente la administración se confía en la informática; sistemas de control del mar, del aire y del espacio, al igual que la supervisión médica, dependen, en gran parte, de estos sistemas, de allí la importancia que cobra nuestro análisis, [13] en estos momentos de fragilidad frente a la acometida delincuencial.

Empero, un plan amplio para la prevención y control del delito informático no se puede basar sólo en medidas jurídicas. Debe   combinar medidas voluntarias de confianza para los usuarios de computadoras El establecimiento de medidas de seguridad para "Software y Hardware", como también la educación y disuasión de los infractores potenciales. A pesar de todo, en este conjunto de medios legales y no legales, el Derecho Penal debe jugar una función importante.

 

En definitiva, la efectiva punición, se enfrenta a considerables desafíos en la lucha contra el delito informático. Las dificultades derivan que los códigos penales, hasta ahora, cubren preferentemente lo tangible y visible. Si bien existe cierta protección a la información y otros objetos intangibles, no ha jugado un papel determinante hasta fines del siglo XX. Esta situación cambió durante los últimos años: la sucesión de la sociedad industrial a la post industrial; el indiscutible valor de la información (para la economía, la cultura y la política), como la creciente importancia de esta tecnología, apareja nuevos retos al "Derecho Informático". El resultante "cambio de paradigma" (de los objetos corpóreos a los incorpóreos) llegó al Derecho Penal Sustantivo en limitadas etapas de legislación sobre delincuencia informática; pero todavía es insuficiente, dadas sus variedades operativas [14] , que han impulsado reacciones legisferantes:

La primera oleada de reforma apareció en la mayoría de los sistemas legales occidentales en los años setenta en el campo de la protección a la privacidad. Estas normas fueron respuestas a nuevos desafíos a la privacidad, causados por el hecho de propagarse las posibilidades de recolectar, almacenar y transmitir datos por medio de modernas tecnologías.

La segunda oleada, se dedicó a reprimir delitos económicos cometidos operando ordenadores, a comienzos de la década de 1980. Esta legislación se hizo necesaria porque esta criminalidad vinculada a las computadoras no sólo afectaron objetos tradicionalmente protegidos por el Derecho Penal, sino que comprenden a objetos intangibles (tales como programas informáticos) o innovadores métodos de comisión (por ejemplo, la manipulación de un computador sin estafar a una persona). En lugar de extender el entendimiento de las palabras de las previsiones legales ya existentes (lo que hubiese entrado en contradicción con los principios de legalidad y prohibición de la analogía en el Derecho Penal), numerosos países sancionaron leyes para combatir los delitos económicos relacionados con ordenadores, incluyendo el acceso ilegal a sistemas.

En la década de los años noventa, una tercera oleada legislativa, se dedicó a la protección de la propiedad intelectual en el campo de la tecnología informática. Luego que en la década de los setenta fueron excluidos los programas informáticos de la protección de las patentes, en algunos países se promulgaron leyes civiles que preservaban los derechos de autores para los programas informáticos. Al mismo tiempo se establecieron en nuevas disposiciones penales para la protección de los derechos de autor, como una contestación drástica defensiva.

También, una cuarta oleada internacional de cambios normativos y reguladores la constituyen una serie de medidas cautelares procesales, que responden a nuevas dependencias y necesidades de agencias de persecución en el curso de investigaciones sobre la difundida criminalidad informática.

En el siglo de la Sociedad de la Información , es deseable el examen detallado y la armonización, particularmente de los poderes coercitivos ejercitados por las autoridades de investigación, para balancear el interés del Estado en la pesquisa del delito, con las libertades civiles de los ciudadanos. Las leyes penales deben permitir el castigo de delitos en el campo de la informática, porque esta tecnología tiene un creciente significado en   la vida económica, laboral   y social [15] . Sin embargo, mientras se alcanza este objetivo, los vacíos existentes seguirán favoreciendo la detestable impunidad. He allí la labor del   Congreso Nacional a decidir sobre lo adecuado de incluir otras figuras delictivas a nuestro ordenamiento penal sustantivo y para lo cual se requiere del valioso concurso y apoyo de especialistas, que ilustren a los señores legisladores acerca de la represión del Derecho Penal Informático, ante su arrollador y vertiginoso crecimiento aprovechándose del avance alcanzado por la cibernética en el mundo actual, que debe valer para acrecentar el interés por el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, a fin que el brazo de la justicia alcance a quienes cometan esta clase de delitos desde otras latitudes o países, combatiendo de esta manera la afanada impunidad.  

BIBLIOGRAFÍA:

 

1.       ARTEAGA, José

      “El Delito Informático: Algunas Consideraciones Jurídicas- Penales”

En Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela Nº 68, Año. 33, Caracas 1987.

 

  1. BLOSSIERS HÜME, Juan José

“Informática Jurídica”

Editorial Portocarrero, Lima, 2003.

 

3.       BLOSSIERS HÜME, Juan José

“Criminalidad Informática”

      Editorial Portocarrero, Lima, 2003.

 

  1. BLOSSIERS HÜME, Juan José

“Derecho Informático. Contratación Civil & Comercial”

Editorial Portocarrero, Lima, 2004.

 

  1. BLOSSIERS HÜME, Juan José

“Lavado de Activos”

Editorial Edimarff, Lima, 2004.

 

  1. BRAMONT – ARIAS TORRES, Luis Alberto

“El Delito Informático en el Código Penal Peruano”

Editorial PUCP, Lima,   1997.

 

7.       DURAND VALLADARES, Raúl

"Cyber- Delito o Delitos de Ordenadores en el Sistema Bancario Nacional". Editorial Grafi. Net, Lima, 2000.

 

 

  1. ESPINOZA CÉSPEDES, José Francisco

“Contratación Electrónica, “Medidas de Seguridad y Derecho Informático”

Editorial Rao S.R.L. , Lima 2000.

 

  1. PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto

Informática Jurídica

Artículo publicado por APECC, Lima, 2004.

 

  1. PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto

La Sociedad de la Información ”, Revista de Derecho & Informática-    PCLEXPERU, Lima, 2005.

 

  1. REYNA ALFARO, Luis

“Los Delitos Informáticos, Aspectos Criminológicos, Dogmáticos y de Política Criminal”

Editorial Jurista, Lima, 2002.

 

12. SIEBER, Ulrich

“Delitos Informáticos y Otros Delitos contra la Tecnología de la Información”

Ponencia XV Congreso Internacional de Derecho Penal – Sección II – 04 -09 al 10-09-94 – Río de Janeiro – Brasil.

 

 


* Abogado & Sociólogo, Candidato al Grado de Maestro en Derecho Penal (UNFV), Diploma de Post Grado – II Especialización en Derecho Informático & Comercio Electrónico (UIGV), Catedrático de la Asignatura de Derecho Informático de las Universidades: Privada San Juan Bautista y     Los Ángeles de Chimbote. Distinguido como Autor Investigador en el II Encuentro de Abogados Informáticos – Lima 2005 y Miembro de la Comisión Consultiva de Derecho y Comunicación   en Tecnología Informática del Ilustre Colegio de Abogados de Lima - 2007.

[1] DURAND VALLADARES, Raúl. "Cyber- Delito o Delitos de Ordenadores Sistema Bancario Nacional". Edit.Grafi.Net, Lima, 2000, Pág. 46.

[2] BRAMONT – ARIAS TORRES, Luis Alberto,   “El Delito Informático en el Colegio Penal Peruano”, Edit. PUCP, Lima,   1997, Pág. 17

[3] PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto, Informática Jurídica, Artículo publicado por APECC, Lima, 2004, Pág. 35

[4] BLOSSIERS HÜME, Juan José, “Informática Jurídica”, Edit. Portocarrero, Lina, 2004, Pág. 14

[5] Ibidem. Pág. 48

[6] BLOSSIERS HÜME, Juan José, “Derecho Informático: Contratación Civil & Comercial”, Edit. Portocarrero, Lima, 2003, Pág. 410

[7] BLOSSIERS HÜME, Juan José, “Criminalidad Informática”, Edit. Portocarrero, Lima, 2003, Pág. 42

[8] SIEBER, Ulrich, “Delitos Informáticos y Otros Delitos contra la Tecnología de la Información”. Ponencia XV Congreso Internacional de Derecho Penal – Sección II – 04 -09 al 10-09-94 – Río de Janeiro – Brasil, Pág. 01

[9] ESPINOZA CÉSPEDES, José Francisco, “Contratación Electrónica”, “Medidas de Seguridad y Derecho Informático”, Edit. Rao S.R.L. , Lima 2000, Pág. 75

[10] REYNA ALFARO, Luis, “Los Delitos Informáticos,   Aspectos Criminológicos, Dogmáticos y de Política Criminal”, Edit. Jurista, Lima, 2002, Pág. 160

[11] Ibidem. Pág. 05

[12] BLOSSIERS HÜME, Juan José, “Lavado de Activos”, Edit. Edimarff, Lima, 2004, Pág. 13.

[13] ARTEAGA, José, “El Delito Informático: Algunas Consideraciones Jurídicas- Penales”. En Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela Nº 68, Año. 33,Caracas 1987, Pág. 46

[14] SIEBER, Ulrich, Ob. Cit. Pág. 05

[15] PEÑA LABRIN, Daniel Ernesto, La Sociedad de   la   Información , Revista    de Derecho & Informática-PCLEXPERU, Lima ,2005,Pág. 15

 

DANIEL ERNESTO PE?A LABRIN
Escrito por DANIEL ERNESTO PE?A LABRIN
el 18/03/2008

La victimologia estudia la relacion causalista entre la pareja criminal;la victidogamatica estudia de que manera la victima provoca su propia victimación y la victimamogia estudia la forma como el estado atraves de casas de acogida protege a las victimas en abandono moral y material.

Dr. Daniel ernesto peña labrin

Abogado & sociologo profesor universitario

Maestria en derecho penal

DANIEL ERNESTO PE?A LABRIN
Escrito por DANIEL ERNESTO PE?A LABRIN
el 03/04/2008

La institución jurídica del mandato de detención judicial provisional, se encuentra regulado en el Artículo 135° y siguientes del Código Procesal Penal [1] , teniendo como referente constitucional, lo consagrado en el Artículo 2º numeral 24 literal “f” de la Carta Política de 1993, que establece que la privación procesal de la libertad requiere mandamiento escrito y motivado del Juez.

De acuerdo al texto del Artículo 135º del Código Procesal Penal, se reconoce dos premisas para imponer la medida de detención:

a)       Existencia de suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito, que vinculen al imputado como autor o partícipe del mismo (inc. 1).

b)       Motivos de prisión preventiva que se manifiesten a su vez en dos exigencias concurrentes ( inc. 2) [2]

1)          Que la sanción a imponerse o la suma de ellas sea superior a un año de pena privativa de libertad

2)          Que existan   elementos probatorios sobre la habitualidad del agente al delito.

 

Las dos proposiciones indicadas anteriormente encuentran su expresión concreta en la observancia de dos suposiciones básicas: fumus bonus iuris (apariencia del derecho) y periculum in mora (peligro procesal). El primero de ello alude a la suficiencia de elementos probatorios que vinculen al imputado con el hecho delictivo, mientras al segundo se refiere al peligro de que el procesado se sustraiga a la acción de la justicia o perturbe la actividad probatoria. [3]

Asimismo, el Artículo. 136º, primer párrafo del Código Procesal Penal [4] , precisa que el mandato de detención será motivado con expresión de los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenten.

Por su parte, el Artículo 137° [5] del cuerpo de leyes aludido, es modificado por primera vez, estableciendo la duración máxima de la detención. Este dispositivo refiere que no durará más de nueve meses, en el procedimiento ordinario y de dieciocho meses cuando se trata de casos complejos,   además cuando se cumplan los requisitos establecidos aludidos líneas anteriores, en el Artículo 135º del código Procesal Penal: fumus bonus uiris (apariencia del derecho) y periculum in mora (peligro procesal).

La referida norma procesal también tipifica que en los procedimientos por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja seguidos contra más de diez imputados, en agravio de igual número de personas, o del Estado, el plazo límite de detención se duplicará (de 18 a 36 meses). Si a su vencimiento, no se ha dictado la sentencia de primer grado, deberá decretarse la inmediata libertad del inculpado. [6]

Debemos resaltar que el segundo párrafo de la norma citada agrega además que cuando concurren circunstancias que importen una especial dificultad o una especial prolongación de la investigación y que el inculpado pudiera sustraerse a la acción de la justicia, la detención podrá prolongarse por un plazo igual. [7]

Sin embargo, éste último párrafo es el que ha suscitado una ardua polémica, pues, si el plazo máximo de la detención puede ser de 36 meses en los procedimientos complejos, tiempo considerado más que razonable para que una persona permanezca detenida provisionalmente, resultaría una injusticia que dicho plazo se prolongue por otros 36 meses (6 años), sin que se dicte sentencia, sea ésta absolutoria o condenatoria.

De otro lado, el   nuevo Código Procesal Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 957 [8] , regula la prisión preventiva en el Titulo III, estableciéndose en el Artículo 268º, los mismos presupuestos materiales que exige el Artículo 135º del Código Procesal Penal vigente, antes comentado. Por su parte, el Artículo 269º y 270º [9] , instituye en forma expresa los requisitos para calificar el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, respectivamente.

No obstante, el Artículo 272º [10] estipula la duración de la prisión preventiva, siguiendo casi la misma fórmula del Artículo 137º del Código Procesal Penal, pero con en términos más precisos. Así, señala.

1) La prisión preventiva no durará más de nueve meses   y,

2) Tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de 18 meses.  

Al igual que el tercer párrafo del artículo 137º del Código Procesal Penal de 1991, regula la prolongación de la detención, también el Artículo 274º del Decreto Legislativo Nº 957 precisa esta figura, señalando que: “Cuando concurren circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación, y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia, la prisión preventiva podrá prolongarse por un plazo no mayor al fijado en el numeral 2 del Artículo 272º, es decir, de 18 meses a 36 meses”.

De esta forma, el nuevo Código Procesal Penal del 2004; establece como plazo máximo de la detención judicial provisional (prisión preventiva), el término de 36 meses.

Cabe precisar que el Decreto Legislativo Nº 957 también establece en el Artículo 275°, los criterios para realizar el cómputo del plazo de la prisión preventiva, destacándose el hecho de que no se tomará en cuenta para el cómputo de este plazo, el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas atribuibles al imputado o a su defensa.

Recordemos que a raíz de la segunda modificación del artículo 137 del C.P.P. , mediante la promulgación del Decreto Ley 25824 (09-11-1992), el plazo máximo de detención fue objeto de una serie de interpretaciones, debido fundamentalmente a que contempló la posibilidad de que el plazo de 15 meses en el procedimiento especial, pudiera eventualmente duplicarse (a 30 meses), y hasta prolongarse, cuando exista una especial dificultad de la investigación (a 60 meses).   El cuestionamiento de esta norma se acentuó cuando se promulgó la Ley 27553 (13.11.2001), y los procesos, sobretodo, aquellos “complejos”, seguidos contra bandas delincuenciales, o a los principales cabecillas de la mafia Fuji-Montesinista, se alargaban más de los 36 meses, sin que el Tribunal dictase sentencia. La tercera modificación del artículo 137 mediante la LeyN º 28105 del 21 de noviembre del 2003, en el sentido que se adiciona que las condiciones formales de la prolongación de la detención se hará con el conocimiento del inculpado.

El hecho que el plazo de la detención pudiera duplicarse hasta 36 meses, puede ser considerado para algunos como un exceso, más aún si se prolonga hasta 72 meses, sin duda conllevaría a vulnerar el Artículo 7. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos que estipula:

Toda persona detenida (... ) tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso ”.

Bajo esta perspectiva, todo mandato de detención judicial, dispuesta por el órgano jurisdiccional competente, contra una persona a la cual se le iniciado proceso penal y que de acuerdo a los hechos denunciados, reúne los presupuestos formales y materiales para ser objeto de una medida de ese tipo, constituye una grave afectación a la libertad personal.

Por esta razón, siendo el mandato de detención una medida coercitiva personal de grave intensidad, su aplicación y permanencia en el tiempo debe estar plenamente justificada y sometida a criterios de subsidiaridad, provisionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, a fin de evitar arbitrariedades.

Recientemente, mediante el D. Leg. 983 del 22 de julio del 2007, por cuarta vez el polémico artículo 137 del Código Procesal Penal, sufre modificaciones y adiciones que a continuación detallamos:

la detención no durará más de nueve meses en el procedimiento ordinario y dieciocho meses en el procedimiento especial siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 135 del Código Procesal Penal, tratándose de procedimientos por delitos de trafico ilicto de drogas, terrorismo, espionaje y otros de naturaleza compleja seguidos contra mas de diez imputados en agravio de igual número de personas o del Estado, el plazo limite de detención se duplicará a su vencimiento, sin haberse dictado la sentencia de primer grado, deberá decretarse la inmediata libertad del inculpado, debiendo el juez disponer las medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales. Cuando concurren circunstancias que importen una especial dificultad o una especial prolongación de la investigación y que el inculpado sustraerse a la acción de la justicia, la detención podrá prolongarse por igual plazo. Cuando el delito se ha cometido a través de una organización criminal y el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justica o perturbar la actividad probatoria, la detención podrá prolongarse hasta un plazo igual. La prolongación de la detención se acordará mediante Auto debidamente motivado, de oficio por el Juez o a solicitud del Fiscal y con conocimiento del inculpado contra este auto procede el recurso de apelación, que resolverá la Sala , previo dictamen del Fiscal Superior dentro del plazo de setenta días. El cómputo del plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo, cuando se trate de procesos complejos o se hubiere declarado la nulidad, no considerará el tiempo transcurrido hasta la fecha del nuevo auto apertorio de instrucción. En los casos en que se declare la nulidad de procesos seguidos en fueros diferentes, el plazo se computa desde la fecha en que se dicte el nuevo auto de detención (…).

En consecuencia, el determinar si el término dentro del cual el procesado se encuentra detenido sin sentencia 36 meses o más, constituye un exceso o no, primero debemos fundar, de acuerdo a nuestra propia realidad, cuál es el plazo razonable que la administración de justicia se demorará para investigar y juzgar a un encausado. Además, esto dependerá en gran medida, de la forma rápida y breve que se realicen los actos procesales; a su vez, estos últimos dependerán del presupuesto que el estado asigne a los órganos encargados de administrar justicia. , teniendo en cuenta que a la fecha el número de procesados asciende a 26,999, vale decir el 67%   y el de sentenciados 12,919, lo que representa el 32. 36%, siendo la población penal nacional de 39,918 internos

[1] Véase Código Procesal Penal de 1991.D. Leg. 638 de fecha 27.04.1991.

[2] Ley Nº 28726, de fecha 9 de mayo del 2006, que incorpora y modifica los Art. 46, 48, 55, 440 y 444 del   Código Penal y Art. 135 del Código Procesal Penal de 1991.

[3] SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Nº 2268-2002-HC/TC, Asunto: MOISÉS WOLFENSON WOLOCH. En concordancia con la SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Nº 1091-2002. HC/TC. Asunto: VICENTE SILVA CHECA

[4] Código Procesal Penal de 1991, Ob. Cit.

[5] Artículo Modificado mediante Ley Nº 27553 de fecha 13.08.1992.

[6] En la práctica, diversos personajes procesados por la Red Fuji-Montesinista , lograron su libertad por exceso de detención, demostrando la Administración de Justicia, su incapacidad para lograr juzgar a los mismos, fomentando así   su desaprobación institucional por la opinión pública.

[7] CALDERON SUMARRIVA, Ana, El ABC del Derecho Procesal Penal, Edit. EGACAL, Lima, 2000, Pág. 91.

[8] Véase Diario Oficial EL Peruano, Nuevo Código Procesal Penal, de Fecha 29.07.2004, Pág. 273563

[9] Véase D. Leg. 957. Nuevo Código Procesal Penal, Ob. Cit. Pág. 273564.

[10] Ibidem. Pág. 273565

DR. DANIEL ERNESTO PEÑA LABRIN

MAESTRIA EN DERECHO PENAL

ABOGADO & SOCIOLOGO

PROFESOR UNIVERSITARIO

Jean Luc
Barcelona, España
Escrito por Jean Luc
el 07/03/2016

Muy buenas, tengo interés en los temas que se están dando en este debate y me gustaría formarme, aunque tengo algunas preguntas sobre que camino cursar para recibir formación profesional. Veo que por este Grupo hay gente experimentada ¿Me podrían asesorar sobre masters, doctorados, oposiciones, postgrados, carreras universitarias u otras formaciones oficiales, cursos superiores o subvencionados? ¿Alguna experiencia personal sobre estas opciones de estudio? ¿Algún centro de formación en partícular?

Sobre todo que me podéis decir de Masters oficiales de Derecho informático

PD: España (zona de Barcelona o Madrid y alrededores para presencial) o formaciones a distancia u online :)