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Foro de Derecho internacional



Dipr- ucalp 17-06-2009 contratación internacional

Gustavo
Abogacía universidad de buenos aires
Escrito por Gustavo Pons Vittadini
el 15/06/2009

Existe un vacío legal en la fuente interna del derecho internacional priavado argentino, respecto al fundamento del libre ejercicio de la autonomía de la voluntad conflictual. Según lo leido, ¿Existe algún fundamento normativo? ¿Cuál cree UD. Resulta ser el más relevante?

Andrea
Buenos Aires, Argent...
Escrito por Andrea
el 22/06/2009

Gracias por incluirme en el foro estare atente a la novedades

Gsardi
Buenos Aires, Argent...
Escrito por Gsardi
el 22/06/2009

A mi modo de entender, existiria un marco normativo, por medio del cual en los contratos internacionales se tendria en cuenta la autonomia de la voluntad, en principio el art. 1197 del C.C. En materia jurisprudencial, encontre el fallo CNCom. , sala A, 18/11/08, Global Foot Sports S.A.c. Rodríguez Clemente Juan s. Ordinario, en donde se hace mencion a la autonomia de la voluntad en materia contractual "... En el marco descripto, cabe recordar que las partes, en sus obligaciones negociales en materia contractual, se rigen en todo aquello que es materia disponible, prioritariamente, tanto en el orden interno como en el orden internacional, por las reglas fijadas de común acuerdo en ejercicio del juego de su autonomía de la voluntad, ya conflictual -facultad de determinación del derecho aplicable-, ya material -mediante disposiciones prescriptivas de las directas soluciones de fondo que serán aplicables a su contrato-; ello, por aplicación del principio de la autonomía de la voluntad de las partes que se sustenta, en el derecho privado interno, en el artículo 1197 del Cód. Civil y que es de plena aplicación, también, en las relaciones contractuales con proyecciones multinacionales (véase la fundamentación de su procedencia en: Boggiano, Antonio " Curso de Derecho Internacional Privado. Derecho de las Relaciones Privadas Internacionales " y en Uzal, Maria Elsa, " Algunas reflexiones sobre la autonomía de la voluntad en la contratación internacional con particular referencia al Mercosur ", ED T. 179 pag. 1184)..."

Si bien en este caso puntual, no existe contrato de mandato entre sujetos de derecho internacion privado, si existe una relacion en cuanto a la aplicacion de la norma internacional, ya que se tuvo en cuenta para su analisis los reglamentos de la F.I.FA. Y su posterior incorporacion al derecho interno por medio de la ley 20160.

Otro fallo que lei, es Juz. Nac. Paz 46, 07/10/69, Estudios Espíndola c. Bollati, Cristóbal J. , el cual hace mencion a un contrato de mandato celebrado en argentina, pero con cumpliento en chile, caso en el cual no se tuvo en cuenta la autonomia de la voluntad, pese al allanamiento de la damandada al presentarse en el expediente, luego de declarada su rebeldia ".... En lo que respecta a su contenido y efectos, no se discute que el derecho aplicable es, en primer término, el que las partes hayan establecido de común acuerdo (conf. Romero del Prado, Manual, t. II, p. 321; Amancio Alcorta, Curso de derecho internacional privado, t. II, p. 259 y ss. ), aseveración que acepta la autonomía de la voluntad como punto de conexión en materia contractual, no por aplicación de lo dispuesto en el art. 1197 del Cód. Civil que no se refiere a ella y sí a la facultad que confiere el derecho interno de reemplazar las normas dispositivas (Lazcano, Derecho internacional privado, p. 420; Goldschmidt, Suma del derecho internacional privado, nº 122, p. 189, y nº 88, p. 113), sino por costumbre aceptada, que también es norma (art. 17, Cód. Civil) y que aparece claramente recepcionada en el caso de convenios celebrados por la Nación, en los que se determina como aplicable el derecho extranjero (v. Gr. , Convenio de compra de títulos, y Condiciones del empréstito externo de la República Argentina, aprobado por ley 17. 962, publicada en el Boletín Oficial del 25 de noviembre de 1968, arts. 11 del Convenio y 13 de las Condiciones)."... No parece que las partes hayan hecho uso de ese derecho. Por otro lado, tampoco lo constituye la invocación que la parte actora hace de normas del derecho argentino (la alegación del derecho aplicable es considerada a veces como acto concluyente, llevado a cabo ante el tribunal, en virtud del cual las partes someten su contrato a ese derecho). El ejercicio de la autonomía de la voluntad, en efecto, no tiene que ser necesariamente contemporáneo a la celebración del acto. Sobre el punto puede verse Goldschmidt (Sistema y filosofía del derecho internacional privado, t. I, p. 428 y ss. ), pues falta la voluntad coincidente de su oponente en tal sentido y no creo que a la rebeldía en contestar la demanda pueda asignársele tal consecuencia..... " ".... En defecto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, habida cuenta de lo dispuesto por los arts. 1205, 1209 y 1210 se hace necesario determinar cuál es el lugar de cumplimiento. En el caso, parece serlo la República de Chile. Me atengo al criterio de tener por lugar de cumplimiento a aquel en que debía realizarse la prestación más característica (Schnitzer), siendo ella en el supuesto de autos la inscripción de las marcas. En consecuencia, tratándose de un contrato celebrado en la República y a cumplirse en el extranjero, debe ser juzgado por las leyes del lugar de su cumplimiento, vale decir, las chilenas (art. 1210, Cód. Civil)...."


En mi opinion, la autonomia de la voluntad primara siempre en los contratos, salvo obviamente en los casos previstos por ley que no ( contrario a la moral y buenas costumbres, actos ilicitos etc). Y en los casos en que las partes no hayan expresado claramente esto en el contrato, no se tendra en cuenta la sola invocacion de nuestro ordenamiento interno en materia contractual ( arts 1205 a 1214 C.C.)

Gustavo Pons Vittadini
Abogacía universidad de buenos aires
Escrito por Gustavo Pons Vittadini
el 22/06/2009
Muy interesante la jurisprudencia compartida, y los dos criterios esgrimidos (1197 CC y la costumbre internacional). Sin embargo, hay autores que desechan el 1197 CC, entendiendo que resulta ser una norma de fondo prevista sólo para casos internos. ¿Alguien encontró algo en este sentido?
Escrito por Vtelle
el 23/06/2009

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Hice un resumen de los distintos libros. No encontre jurisprudencia (desarrollada).


Dado que nada dice el Derecho Internacional Privado de fuente interna en relación a la autonomía de la voluntad, la doctrina y jurisprudencia se orientaron por dos tesis:

a) Tesis afirmatoria:

a. Basándose en el Art. 1197 del Código Civil, reconoce el principio de la autonomía de la voluntad en los contratos internacionales. (“las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma”).

b. Goldschmidt entendía que la aceptación de la autonomía interna lleva implícita la aceptación de la autonomía conflictual ( facultad que el legislador (nacional o internacional) puede otorgar o no a las partes, de elegir el derecho aplicable al contrato internacional, a través del método conflictualista, indirecto o de elección) en del DIPR . Señala que la mayoría de los países occidentales admiten la autonomía conflictual, y que los pocos que no la admiten incurren en un vicio de oportunismo. Goldschmidt remitía a los arts. 1143 (contratos nominados e innominados) y 1197 CC, que encuentran su limitación el orden público interno (Art. 21 “las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres”). Observaba que algunas disposiciones de la fuente interna, que daba en llamar “modo oblicuo”, resultaban favorables a la autonomía de la voluntad como punto de conexión, así por ejemplo el Art. 1181 CC que dispone que la forma de los contratos entre ausentes, si fueren hechos por instrumento particular firmado por una de las partes, será juzgado por las leyes del lugar indicado en la fecha del instrumento: en consecuencia la parte designa las ley aplicable a la forma del instrumento.

c. Se ha sostenido, también, que la autonomía es una derivación lógica del principio constitucional que ampara la libertad de las acciones humanas (arts. 14 y 19 de la Constitución nacional).

d. Boggiano fundamenta la teoría afirmatoria: en el art. 1212 del CC, que permite a las partes designar el lugar de cumplimiento del contrato, por lo que pueden también elegir indirectamente la ley aplicable, ya que el lugar de cumplimiento es el punto de conexión previsto en los arts. 1209 y 1210 (concordante con el “modo oblicuo” de Goldschmidt). Asimismo, se ha basado en la norma que autoriza los acuerdos de elección de foro en contratos internacionales (art. 1 CPCN). Considera que las partes pueden elegir el tribunal competente, lo que implica que eligen implícitamente el DIPr del país al que pertenezca el tribunal elegido, pues cada juez aplica su propio sistema de DIPr.

b) Tesis negatoria:

a. La fundamentan en los Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 (que no se pronuncia al respecto y por lo tanto Goldschmidt interpretaba su pleno rechazo cotejando con el de 1940) y 1940 (que la rechaza expresamente en el Art. 5º del Protocolo Adicional (“… la ley aplicable según los respectivos tratados, no pueden ser modificadas por voluntad de las partes, salvo en la medida en que lo autorice dicha ley”).

En general, los distintos autores señalan que desde hace varias décadas hay consenso en que las partes puedan elegir el derecho aplicable a los contratos Internacionales, reafirmándose el poder de los particulares para autorregularse no solo dentro del ámbito más tradicional, el de

los contratos, sino extendiéndose hacia áreas antes vedadas al despliegue de la autonomía.

Bibliografía

Derecho Internacional Privado, Parte Especial – Sara Feldstein de Cárdenas

Derecho Internacional Privado – Inés Weinberg de Roca

Derecho Internacional Privado - Werner Goldschmidt

Gustavo Pons Vittadini
Abogacía universidad de buenos aires
Escrito por Gustavo Pons Vittadini
el 23/06/2009
No se logra leer muy bien, pero es interesante el aporte que hace. Alguien podría explicar como funcionarían estas teorías del Dr. Antonio Boggiano? En particular la del art. 1 CPCCN...
Cinthia Masotta
Buenos Aires, Argent...
Escrito por Cinthia Masotta
el 24/06/2009

En nuestro reglamento interno, el Art. 1 del CPCCN establece que la competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable. Pero que se podrá ser prorrogada de conformidad de partes en los asuntos exclusivamente patrimoniales (según los dispuesto por los tratados internacionales y el Art. 12, inc 4 de la ley 48). Que si los asuntos son sobre cuestiones internacionales, se podrá prorrogar a favor de los tribunales extranjeros o de árbitros fuera de la Argentina, salvo, aquellos temas que nuestro país tenga exclusiva jurisdicción.

Para Goldschmidt, "la práctica contractual en la Argentina es favorable a la autonomía de las partes como punto de conexión". En esta práctica funda Goldschmidt la autonomía de las partes en el D.I.Pr. Argentino de fuente nacional.

Pero, según Boggiano Las partes pueden, ejerciendo la autonomía conflictual propia del D.I.Pr. , elegir el derecho aplicable al contrato. Siguen, así, el método de elección, elaborando la norma de conflicto individual que seleccionará el derecho aplicable. Cabe basar dicha autonomía en dos fundamentos, que la sustentan con dos alcances distintos:

a) Restringido

b) amplio

a) En cuanto a la autonomía conflictual de alcance restringido, cabe fundarla en los arts. 1209, 1210 y 1212 del Código Civil,

— el contrato multinacional con contacto argentino está regido por el derecho del lugar de su cumplimiento (arts. 1209 y 1210, Cód. Civ. );

— las partes pueden designar el lugar de cumplimiento (art. 1212, Cód. Civ. );

— luego, las partes pueden designar el derecho aplicable al contrato (arts. 1209, 1210 y 1212, Cód. Civ.).

Tales fundamentos, considerados en rigor estrictamente, sólo facultarían a las partes a elegir el derecho aplicable entre los vigentes en los lugares de real cumplimiento del negocio.

Boggiano, cita como ejemplo a un contrato celebrado en Buenos Aires para ser ejecutado en Ginebra, Londres y Nueva York, las partes sólo podrían elegir entre los derechos suizo,

inglés y neoyorquino. No podrían elegir otro. Se estaría ante una autonomía conflictual restringida a los lugares de efectiva ejecución. Quizá quepa una interpretación extensiva de las normas

examinadas, que permita entender por designación del lugar de cumplimiento la designación de un lugar que no aparezca en el contrato como lugar real de cumplimiento.

Ejemplifica, con un contrato celebrado en Buenos Aires para ser cumplido parcialmente en Londres y en Hamburgo, en el que las partes prorrogaron la jurisdicción internacional en tribunales

arbitrales de Ginebra y, además, declararon conjuntamente que Ginebra era lugar de cumplimiento considerado por las partes para el contrato. Si las partes se hallan habilitadas para operar dicha prórroga (art. 1 C.P.N.). No sería inopinado pensar que si las partes han localizado

en el lugar del arbitraje garantías reales o personales tendientes a efectivizar el laudo eventual, tal lugar puede ser juzgado, económicamente, como lugar de cumplimiento susceptible de elección.

b) La elección de un tribunal implica una elección tácita, pero inequívoca, del D.I.Pr. Del tribunal elegido, y pudiendo ser elegido el D.I.Pr. —que es lo más—, se puede elegir el derecho

privado aplicable, que es lo menos.-

Si citan a continuación, fundamentos de la sentencia en el caso “Pablo Treviso S.A.F. A.C.I.M.I. Y otros c. Banco Argentino de Comercio” , en los cuales el Dr. Boggiano expuso su opinión:

— las partes pueden elegir el tribunal competente en los términos del nuevo art. Ls del Código Procesal;

— luego, las partes pueden elegir el D.I.Pr. Del país al que pertenezca el tribunal elegido, pues cada tribunal nacional

aplica su propio D.I.Pr.;

— si las partes pueden elegir el D.I.Pr. Rector del contrato,

pueden también elegir —a maiore ad minus— el derecho privado

aplicable que se determina según el D.I.Pr. Elegido.

Para finalizar con el razonamiento del autor citado, el mismo fundamenta la autonomia de las partes diciendo lo siguiente “estas autonomías son libertades para la equidad, va dicho que no hallan plena justificación en sí mismas. No quedan desligadas del derecho positivo siquiera, y menos, por cierto, de los principios que le prestan fundamento. La autonomía de las partes no es, sin más, lo justo; pero es el instrumento de lo justo. ”

Gustavo Pons Vittadini
Abogacía universidad de buenos aires
Escrito por Gustavo Pons Vittadini
el 24/06/2009
Muy buen aporte! Ahora resulta más claro el posicionamiento de Antonio Boggiano, respecto al art. 1 CPCCN.
Parece muy claro, si las partes indudablemente tienen la facultad de elegir Juez, al ejercerla están optando por los Tribunales que entenderán en la controversia y por las normas de conflicto que serán aplicadas (y así, inderectamente, incluso están eligiendo el derecho de fondo mediante el cual se resolverá la controversia). Luego, si pueden elegir ambos extremos, bien podrían optar por solo uno de ellos (el derecho aplicable) en ejercicio de la autonomía conflictual. Quien puede lo más, puede lo menos.

Ahora bien, Boggiano hace alguna referencia a la cuestión. Las partes al ejercer la autonomía conflictual, ¿Podrían optar libremente por cualquier derecho estatal, o deberán limitar aquella opción a los derechos que mantengan algún vínculo con el contrato?

Escrito por Marilù R.b.
el 24/06/2009

a) El Código Civil argentino no contiene una disposición que expresadamente recepte el principio de la voluntad en el ámbito internacional, es decir como facultad de elegir la ley aplicable al contrato, ya que su redacciòn es anterior a su afianzamiento doctrinario.

Importa decir, que es pacífica la aceptación de la autonomía de la voluntad en los contratos internacionales por parte de la doctrina. Desde hace varias décadas hay consenso en que las partes pueden elegir el derecho aplicable a los contratos internacionales y en las X Jornadas Nacionales de Derecho Civil, reunidas en Corrientes en 1985, todos los participantes aceptaron en forma unánime la autonomía de la voluntad como punto de conexión en los contratos internacionales.

Los autores han utilizado distintos fundamentos para sostener la autonomía de la voluntad conflictual. Goldschmidt afirmaba que existía una práctica favorable a la autonomía, esto es, una costumbre por la cual se estilaba someter los contratos internacionales a leyes extranjeras, costumbre ejercida incluso por el mismo Estado argentino, sobre todo en materia de préstamos internacionales. Se ha sostenido también que la autonomía es una derivación lógica del principio constitucional que ampara

la libertad de las acciones humanas (arts. 14 y 19 de la Constitución nacional).

Vale agregar, que en el derecho argentino se reconoce la autonomía de la voluntad aun cuando no existe una norma legal específica, pues el art. 1197 del Código Civil se refiere a la facultad de las partes de contratar libremente dentro del marco del derecho argentino. Goldschmidt entiende que la aceptación de la autonomía interna lleva implícita la aceptación de la autonomía conflictual en nuestra materia.

Boggiano ha esgrimido dos fundamentos. Uno se basa en el art. 1212 del CC, que permite a las partes designar el lugar de cumplimiento del contrato, por lo que pueden también elegir indirectamente la ley aplicable, ya que el lugar de cumplimiento es el punto de conexión previsto en los arts. 1209 y 1210. El otro, mucho más interesante, es el fundamento basado en la norma que autoriza los acuerdos de elección de foro en contratos internacionales (art. 1 CPCN). Parte Boggiano de considerar que las partes pueden elegir el tribunal competente, lo que implica que eligen implícitamente el DIPr del país al que pertenezca el tribunal elegido, pues cada juez aplica su propio sistema de DIPr. Esta elección del juez significa desplazar totalmente las normas de conflicto argentinas (arts. 1209 y 1210 CC). Si las partes pueden elegir el DIPr que rige el contrato, pueden también elegir directamente el derecho privado aplicable, ya que éste se determina según el DIPr elegido.

b ) La relevancia que goza la autonomía de la voluntad, así como su criterio regulador capital dentro del área de los negocios internacionales, le viene dada por quienes confían en ella indiscutibles beneficios jurídicos, económicos y prácticos:

1) Seguridad jurídica prevenida: las partes cuando conocen de antemano la ley que gobierna el contrato internacionl que las vincula, se encuentra la posibilidad de ordenar, de adaptar, como prevenir los comportamientos.

2) Certeza jurídica aplicada: las partes, como quienes deciden las desavenencias surgidas en ocasión del contrato internacional, sabrán a qué atenerse.

3) Realización de los intereses de las partes: la elecciòn puede responder a los específicos intereses de las partes relacionados con el contenido del sistema jurídico elegido, que puede ser el más conveniente adaptando sus necesidades indeterminado sector comercial donde se despliega el contrato internacional.

Agrego, la autonomía de la voluntad no es absoluta sino relativa, ya que si bien las parten pueden elegir la ley reguladora, esta regla tiene excepciones. Así: al orden público internacional, fraude a la ley, internacionalidad objetiva, números de leyes, oportunidad tiempo de elección, elección de la ley entre las jurídicamente interesadas, catálogo ofrecido por el legislador, rechazo del reenvìo, normas de policìa o normas locales internacionalmente imperativas entre otras.

La jurisprudencia argentina ha aceptado también la elección

de la ley en contratos internacionales:

"Gobierno del Perú el Sifar", 10/12/1956 {LL, 86, 329); "Glatz, el Plata Americana", 15/9/1960 (ED, 1, 15); "Estudios

Espíndola el Bollati", 7/10/1969 (ED, 33, 26); "Eiras Pérez el Te1010

DIEGO P. FERNÁNDEZ ARROYO (COORDINADOR)

chint", 9/12/1970 (LL, 142, 176); "A.J. Hollander el Banco Central",

28/4/1971 (JA, 1972-14, 420); "Pablo Treviso el Banco Argentino de

Comercio", 31/8/1976 (ED, 77, 426); "Saier el Comisión Técnica Mixta

de Salto Grande", 2/10/1979 (LL, 1979-D, 488); "Banco de Río Negro

el Independencia", 20/10/1981 (ED, 97, 604); etcétera.

Pueden mencionarse otros casos importantes:

Telearte S.A. Incidente por Twentieth Century Fox International Television Inc.

CNCom. , sala C, 23/03/06, Telearte S.A. Empresa de Radio y Televisión inc. Twentieth Century Fox International Television Inc.

Concurso preventivo en Argentina. Verificación de créditos. Pesificación. Excepciones. Dec. 410/02. Aplicación de derecho extranjero. Autonomía de la voluntad conflictual.

Publicado en SJA 19/07/06, en JA 2006-III-549 y en El Dial 23/05/06.

2º instancia. - Buenos Aires, marzo 23 de 2006.-

Considerando: 1. Apelaron la concursada a fs. 78 y la incidentista a fs. 80, la resolución de fs. 73/77.

La incidentista expresó agravios a fs. 86/88 y la concursada lo hizo a fs. 90/102.

2.1. Toda vez que la incidentista sólo se agravió del modo en que fueron distribuidas las costas, se ha de analizar en primer término la apelación articulada por la concursada contra la desestimación de este incidente.

2.2. En la resolución de fs. 73/77, el a quo rechazó el presente incidente de revisión, por considerar que la concursada se había limitado a reiterar los argumentos que expuso al observar la insinuación verificatoria de la incidentista, en los términos del art. 34 LCQ. Sostuvo además, que el crédito discutido en autos, se hallaba excluido de la normativa de "pesificación", debido a que las partes habían pactado la aplicación de la ley extranjera para la solución de sus diferencias. Agregó el juez de grado, que la convocataria confundía "jurisdicción" con "legislación aplicable" y que la tramitación del proceso universal, no implicaba fatalmente la aplicación de la ley nacional. Por último, juzgó que lo decidido no importaba la violación de la igualdad en el trato a los acreedores.

2.3. La cuestión principal que debe resolverse en el caso, es si la relación contractual que vinculó a las partes se encuentra alcanzada por las normas de "pesificación", o si, por el contrario, debe respetarse la moneda de pago que originariamente acordaron al celebrar los distintos contratos.

Cabe señalar al respecto en primer término, que se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento en el art. 1197 CCiv. : "Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma". Esa norma consagra la autonomía conflictual (elección válida de la ley aplicable) como la autonomía material, es decir, la disposición de las partes de las normas de fondo que regulan sus derechos. Así, y en primer término, el contrato debe regirse por la ley escogida por las partes, lo que constituye una categoría flexible y universal (Marzorati, Osvaldo J. , "Derecho de los negocios internacionales", p. 44).

Conforme surge de las constancias obrantes en el legajo del art. 33 LCQ correspondiente a la incidentista -que se tiene a la vista en este acto-, al celebrar los diversos contratos de licencia de exhibición en televisión (todos en dólares estadounidenses), las partes acordaron que los mismos se encontraban regidos por las leyes del Estado de California de los Estados Unidos de Norteamérica.

Es decir, que los contratantes, en uso de la libre autonomía de la voluntad establecida en el citado art. 1197, pactaron la sujeción de la relación que las vinculó, a las disposiciones de la normativa de ese país y Estado.

2.4. Sentado ello, debe establecerse si las normas de pesificación afectan al crédito declarado admisible en dólares estadounidenses a favor de Twentieth Century Fox International Television Inc. , o si como lo sostuvo el a quo, constituye una de las excepciones a dicho régimen, previstas en el decreto 410/2002.

Destácase al respecto, que el art. 1 inc. E de dicha norma, dispone que no se encuentran incluidas en la conversión a pesos establecida por el art. 1 decreto 214/2002, las obligaciones del sector público y privado de dar sumas de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera.

Es importante remarcar que esta solución es aplicable no sólo porque surge del expreso texto del decreto, sino porque a idéntico resultado se llegaría aun en ausencia de esta norma por aplicación de las normas y principios generales -y preexistentes- de Derecho Internacional Privado (también conocido como "de conflicto de leyes") imperantes en el Derecho argentino y que, consecuentemente, no puede interpretarse que las normas sobre pesificación resultan aplicables a obligaciones regidas por un ordenamiento jurídico distinto del argentino. Ello porque el régimen de pesificación consiste en normas de Derecho Privado Patrimonial, destinadas a regir obligaciones entre particulares y susceptibles de desplazamiento por la aplicación extraterritorial de un eventual Derecho extranjero, siempre que así lo permitieran las normas argentinas en conflictos de leyes (Sonoda, Juan, "Los efectos de la pesificación sobre los contratos internacionales", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2002-1, p. 465).

Por lo demás, y en la medida en que no se afecten principios de orden público internacional o no se produzca el desplazamiento de la aplicación de las llamadas "normas de policía", nuestro Derecho admite la aplicación extraterritorial del Derecho extranjero en aquellas materias de Derecho Privado en las que las propias normas de conflicto argentinas remitan a él o en las que el Estado argentino hubiera consentido su aplicación mediante la suscripción y ratificación de tratados y convenciones internacionales. Además, en las relaciones de fuente contractual como las alcanzadas por los arts. 1 y 8 decreto 214, es unánimemente reconocido el poder de las partes para elegir el Derecho y hasta el contenido que regirá su vínculo jurídico mediante el ejercicio, de la autonomía de voluntad (Sonoda, Juan, "Los efectos de la pesificación sobre los contratos internacionales" cit. , p. 471).

Este criterio ha tenido favorable acogida, incluso en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Méndez Valles, Fernando c. Pescio S.C.A.s. Ejecución de alquileres" , del 26/12/1995, donde se sostuvo que "… para la determinación de la ley aplicable a un contrato con elementos multinacionales o un aspecto de él, corresponde en primer lugar indagar si las partes han ejercido la facultad de elegir el Derecho nacional aplicable al contrato o de incorporar al contrato materiales derogatorios de las normas coactivas de Derecho Privado rector del negocio sin perjuicio del orden público del Derecho Internacional Privado del juez con jurisdicción o de las normas de policía, que no pueden ser desplazadas por la autonomía referida (arg. Art. 19 CN, art. 1197 CCiv. Y Fallos 236:404 y 290:458)…".

Cabe agregar a lo expuesto, que el Derecho extranjero tampoco puede ser aplicado si una "norma de policía" remite a la aplicación exclusiva y excluyente del Derecho argentino sobre la materia. En el caso que nos ocupa, no existen normas de policía que remitan a la aplicación del Derecho argentino respecto de obligaciones en moneda extranjera regidas por el Derecho extranjero. Muy por el contrario, el decreto 410/2002 expresamente reconoce la eficacia de dichos Derechos foráneos para regular las obligaciones bajo su órbita sin interferencias por parte de la normativa de emergencia argentina (Sonoda, Juan, "Los efectos de la pesificación sobre los contratos internacionales" cit. , p. 475).

Los fundamentos hasta aquí vertidos, determinarán el rechazo de la apelación articulada por la concursada.

Sólo cabe añadir que en concordancia con lo decidido por el juez de grado, no se advierten razones para disponer la apertura de estas actuaciones, como lo pretende la deudora. Es que al proveer el escrito de inicio de este incidente, el a quo delimitó el marco de debate, ciñéndolo a la cuestión atinente a la moneda de pago (fs. 14, pto. 2).

Es decir que rechazó la posibilidad de discutir en autos, todo lo referido a la controversia debatida en autos "Telearte S.A. Empresa de Radio y Televisión c. Televisión Federal S.A.s. Nulidad de contratos", en trámite por ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.

Tal decisión se encuentra hoy pasada en autoridad de cosa juzgada, en tanto el magistrado de primera instancia desestimó los recursos de reposición y apelación subsidiaria interpuestos contra ese pronunciamiento (ver resolución de fs. 23/24).

2.5. De otro lado, el planteo de inconstitucionalidad del decreto 410/2002 articulado por la deudora, es extemporáneo y debe ser desestimado. Ello así, pues al no haber sido deducido ante el juez de grado, está vedado su conocimiento por este tribunal (art. 277 CPCCN).

3. Recurso de la acreedora contra el régimen de imposición de costas.

Se comparte la solución dada por el a quo en cuanto a las costas de este incidente.

En efecto, no puede soslayarse que en razón de la naturaleza de la cuestión debatida y la novedad del planteo, la concursada pudo razonablemente creerse con derecho a peticionar como lo hizo. Ello determina que resultó ajustada a Derecho la imposición de costas en el orden causado (art. 68 in fine CPCCN).

4. Por ello, se resuelve: confirmar la resolución apelada. Costas de alzada en el orden causado. Devuélvase y notifíquese.

El Dr. Héctor M. Di Tella, no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 RJN). - J.L. Monti.B.B. Caviglione Fraga.

Transportes JAC de Andrés José Capararo c. YPF. CSJN

CSJN, 24/06/08, Transportes JAC de Andrés José Capararo c. YPF S.A.

Transporte terrestre internacional. Transporte de mercaderías. Argentina – Brasil. Cobro de fletes. Lugar de celebración del contrato Argentina. Ley aplicable. Elección en el proceso del derecho aplicable. Autonomía de la voluntad conflictual. Tratado de Derecho Civil Internacional Montevideo 1940. Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional Montevideo 1940. Lugar de destino de la carga. Pesificación. Procedencia. Dec. 410/02. Excepciones.

Dictamen de la Procuradora Fiscal de la Nación

Suprema Corte:

I- La sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, confirmó –si bien con fundamento diverso- la sentencia (fs. 95/96) que condenaba a Y.P.F.S.A. Al pago de diversas facturas por fletes en la moneda de origen –dólares estadounidenses- por entender que esas obligaciones se hallaban, en virtud de lo prescripto por el artículo 1° inciso e) del Decreto N° 410/02, excluidas de la conversión a pesos dispuesta por la Ley n° 25. 561 y Decreto n° 214/02 –y normas concordantes-.

II- Contra dicho pronunciamiento, la demandada dedujo el recurso extraordinario (fs. 290/300), que contestado (fs. 304/307) y denegado (fs. 309/310), dio origen a esta presentación directa (fs. 65/75 del cuaderno de queja).

La recurrente aduce que existe cuestión federal porque la sentencia recurrida declaró inaplicable al caso preceptos federales, la ley n° 25. 561 y el decreto 214/02, y la solución de la controversia depende de la interpretación y aplicación que de ellos se realice.

Sostiene que el pronunciamiento es arbitrario pues incurre en contradicciones y porque prescinde del derecho aplicable –Ley n° 25. 561 y concs. - omitiendo la consideración de las particularidades del contrato de transporte que ligaba a las partes, donde en ejercicio de la autonomía de la voluntad de los contratantes se sometieron a la ley argentina.

Agrega que, a tenor del artículo 14 del Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional , suscripto en Montevideo en el año 1940, el derecho aplicable en materia de transporte internacional no es el de destino de la mercadería, sino el de cumplimiento del contrato, que tuvo lugar en Argentina.

Refiere que, existen más puntos de contacto con nuestro derecho que con el extranjero ya que en este país se celebró el contrato, la actora comenzó su cumplimiento en Ensenada donde cargó la mercadería y también es el lugar de pago y domicilio de los contratantes.

Afirma que, en ese contexto, la sala no sólo omitió aplicar la normativa federal mencionada –ley 25. 561 y decreto 214/02 y concordantes-, sino que excediendo su jurisdicción apelada, resolvió sobre cuestiones que no fueron materia de debate. Señala que omitió, también, dar tratamiento a los agravios articulados contra la sentencia del juez de grado, en los que se cuestionó la declaración de inconstitucionalidad del régimen de pesificación por infundada, entre otros, aspectos.

Entiende, por último, que también incurre en manifiesta arbitrariedad el decisorio al imputarle mora, cuando al momento de pagar las facturas emitidas por la actora no existía CER alguno a computar (v. Ley 25. 713, B.O. 09/01/2003), lo cual importa desconocimiento del derecho vigente.

III- El recurso interpuesto es formalmente admisible pues se encuentra en tela de juicio la inteligencia de preceptos federales –tratados internacionales y normas dictadas con motivo de la emergencia-, y la decisión ha sido contraria a las pretensiones del apelante (art. 14 inc. 3, Ley N° 48 y doctrina de Fallos 322:1318; 323:1866; 324:4389, 327:4928, 4969; entre otros). Es oportuno recordar que V.E. Tiene dicho, que en la tarea de esclarecer la inteligencia de este tipo de normas no se encuentra limitada por las posiciones del a quo , ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre los puntos en debate (v. Fallos 326:2342, 2637, 3038, entre otros), y al ser invocadas también causales de arbitrariedad que se encuentran inescindiblemente vinculadas con los temas federales en discusión, han de ser examinados en forma conjunta (Fallos 321:703; 323:2519; 324:4307; etc.).

En este punto, y en cuanto se encuentra en tela de juicio la aplicación y hermenéutica del Decreto n° 410/02 –norma de eminente naturaleza federal-, cabe señalar que su artículo 1º estableció excepciones a la conversión a pesos dispuesta por el artículo 1º del Decreto n° 214/02, incluyendo, en cuanto aquí interesa, las obligaciones del sector público y privado de dar sumas de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera (inc. E). Aclarado lo anterior, es preciso recordar que V.E. Ha establecido que para la determinación de la ley aplicable a un contrato con elementos multinacionales –ya que se trata de un convenio de transporte terrestre internacional de mercadería, formalizado mediante "Carta de Porte Internacional por Carretera" (v. Fs. 238/255)-, corresponde indagar, en primer término, si las partes han ejercido la facultad de elegir el derecho aplicable al contrato, sin perjuicio del orden público internacional privado del juez con jurisdicción internacional y de las normas de policía, que no pueden ser desplazados por la autonomía referida ( Fallos 318:2639 ; 323:287 ). Cuando se trata de un asunto planteado ante un juez argentino, si las partes no han ejercido aquella prerrogativa y no encontrándose comprometido el orden público interno –como ocurre en el caso-, cabría entonces acudir a las normas de conflicto argentinas para la determinación del derecho aplicable, las que pueden ser de fuente interna o de fuente internacional que desplazan, en lo pertinente, a las otras, conforme dispone el artículo 31 de la Constitución Nacional (v. Doctrina de Fallos 318:2639).

En ese marco, corresponde precisar que las partes sustentaron sus pretensiones y defensas en el derecho argentino (v. Escrito inicial, fs. 45/51 y contestación de demanda, fs. 80/89) –ámbito al que en su momento quedó acotada la litis-, por lo que, a mi modo de ver, aquellos habrían optado por un ejercicio voluntario e inequívoco de la autonomía conflictual por medio de conductas procesales concluyentes. Nótese que la referencia al Decreto n° 410/02 efectuada por la parte demandada a fojas 81 y vta. , sólo fue hecho a título enunciativo y no con la finalidad de introducir una nueva cuestión al debate.

En tales condiciones, no resultaba clara y manifiesta la aplicabilidad de la ley foránea, que tornara procedente el encuadramiento de la causa en el artículo 1, inciso e), del Decreto n° 410/02, ya mencionado.

A mayor abundamiento, y aún recurriendo al Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional (art. 14) o el Tratado de Derecho Civil Internacional (en particular, arts. 37, 38 y 40), suscriptos en Montevideo, República Oriental del Uruguay, en el año 1940 –y ratificados la Argentina por el Dec. Ley n° 7771/56-, cuyas normas, en principio, establecen como ley aplicable a los actos jurídicos y al contrato terrestre de transporte de mercaderías, el lugar de cumplimiento de las obligaciones, a mi juicio, los jueces de la causa debieron valorar adecuadamente las particularidades de la relación jurídica en cuestión y sus puntos de contacto con la ley argentina. En este sentido, es menester resaltar que constituyen hechos no controvertidos que el lugar de celebración del contrato, el acordado para el pago, la sede de ambos litigantes, eran en la República Argentina , por lo que no resultan, en el marco en el que discurriera la controversia entre los litigantes, suficientes los fundamentos de la decisión atacada en orden a la aplicabilidad al litigio de la ley extranjera –y consecuente exclusión de la obligación en cuestión de la conversión a pesos dispuesta por la Ley n° 25. 561 y concs.-.

En función de lo anterior, y habiéndose planteado oportunamente la inconstitucionalidad de la normativa dictada con motivo de la emergencia (v. Fs. 49/51), debo señalar que aquellas cuestiones han sido examinadas por esta Procuración General en la causa: S.C.R. N° 320, L. XLII, caratulada "Rinaldi, Francisco Augusto y otros c. Guzmán Toledo, Ronal Constante y otro s. Ejecución hipotecaria", dictaminada el día 8 de febrero de 2007, por lo que corresponde remitir, en lo pertinente, a los términos y consideraciones allí vertidos, por razones de brevedad. Vale añadir que V.E. Ha dictado sentencia en la causa referida, el día 15 de marzo de 2007.

IV- En función de ello, opino que se debe hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, y revocar la sentencia apelada. - Buenos Aires, 17 de septiembre de 2007. - M.A. Beiró de Gonçalvez.

Buenos Aires, 24 de junio de 2008.-

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Transportes Jac de Andrés José Capararo c. Y.P.F.S.A. ", para decidir sobre su procedencia.

Considerando: Que esta Corte comparte los fundamentos expuestos por la señora Procuradora Fiscal en su dictamen al que cabe remitirse en razón de brevedad, debiéndose destacar, sin embargo, que no corresponde expedirse con referencia al planteo de inconstitucionalidad de las normas sobre emergencia económica en tanto, al juzgar ocioso el examen de la cuestión debido a la forma en que se resolvía, el a quo no se pronunció al respecto.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia con el alcance indicado. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito. Notifíquese y remítase. - R.L. Lorenzetti.E.I. Highton de Nolasco.J.C. Maqueda.E.R. Zaffaroni.

Bibliografía:

- Derecho internacional privado de los Estados del Mercosur sistemática del derecho internacional privado del MERCOSUR, por Diego P. Fernández Arroyo.

-Fallos DIPRARGENTINA.

- Derecho Internacional privado Weinberg de Roca.

Cinthia Masotta
Buenos Aires, Argent...
Escrito por Cinthia Masotta
el 26/06/2009

B uscando sobre el tema en cuestion "Autonomia conflictual" localice un fallo de Boggiano, "Feramérico c. Lital S.A. , s. Convocatoria s. Incidente de verificación" (Juz. Nac. Com. 13, 06/06/77), a continuación copio las partes del mismo que me parecieron importantes para punto a analizar. interpretación de los artículos 1209, 1210, 1212 a1214, Código Civil argentino- (cfr. Nuestro "Oferta y aceptación", cit. , nros. 14 a18), concordante con la solución del Convenio de La Hayasobre derecho internacional privado de ventas de muebles corporales, en vigor desde el 1-IX-1964 para Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Noruega y Suecia; con la jurisprudencia del Tribunal Federal suizo (cfr. Rabel, Conflict of laws; a comparative study, vol. III, 2ª ed. , 1964, pág. 56, notas 21 y 22), y con la jurisprudencia estadounidense, que se aparta del derecho del lugar de embarque FOB cuando éste ocurre en un tercer Estado no relevante, tal como acontece en autos, pues las mercaderías resultaron embarcadas FOB New Orleans " de aquí el nombre de esta autonomía jurídica- que darán solución a los distintos aspectos del negocio. Pueden por ella derogarse tanto las normas dispositivas como las imperativas del derecho privado que sería aplicable según las normas de conflicto del juez " por lo general, de ejecución- en dicho país. Estas normas foráneas no pueden derogarse ni evadirse mediante la autonomía material por imperio de nuestro artículo 1208, Código Civil. He aquí los límites de esta autonomía que no hace del negocio de las partes un "contrato sin ley", pues siempre está sujeto al derecho internacional privado argentino y al extranjero que se relacione con el negocio (1208, Cód. Civ.). Esta autonomía material, más amplia de la que gozan las partes en negocios internos en los que sólo pueden derogarse las normas dispositivas del derecho privado, se justifica por las necesidades de mayor libertad y flexibilidad del comercio internacional (arts. 14 y 67, inc. 12, Const. Nac.)."

"... Si las partes ejercieron en autos dicha autonomía material, pues de haberlo hecho, sería tal voluntad directa y principalmente rectora de la controversia, sin necesidad de acudir a las normas de conflicto subsidiarias que determinen el derecho aplicable para dirimirla, según lo ha fallado la Corte Supremade Justicia de la Naciónen el caso "Gobierno de la Repúblicadel Perú c. S.I.F.A.R. Soc. In. Financ. Argentina s. Incumplimiento de contrato

"Sin duda acierta la incidentista al calificar la causa de la letra verificada como compraventa internacional, pues tanto los domicilios de las partes radican en países distintos cuanto las mercaderías vendidas y el pago del precio se caracterizan por un movimiento de ida y vuelta de capitales y mercaderías a través de las fronteras, según la tesis de la doctrina y jurisprudencia francesa".

"Desde esta perspectiva puede todavía precisarse el criterio, a nuestro juicio, calificando la internacionalidad del contrato cuando su sinalagma funcional, esto es, el desarrollo de su función económica mediante el cumplimiento de sus prestaciones, pone en contacto dos o más mercados nacionales"

" dicho negocio debe juzgarse según las normas y principios del derecho internacional privado argentino por la índole multinacional del caso, vinculado al estado de Illinois (E.U.A. ) y a la República Argentina"

"Estas circunstancias tornan necesario apreciar si las partes han elegido tácitamente el derecho privado argentino como aplicable a la cuestión planteada, mediante implícito acuerdo procesal, elección autorizada por la autonomía conflictual del derecho internacional privado argentino"

"Es importante despejar esta posible elección implícita, pues de lo contrario la compraventa de autos se regiría por el derecho domiciliario del vendedor Feramérico

"... Que no es aplicable nuestro artículo 1214 al presente caso, pues el contrato tiene lugar de ejecución determinable, pese a su celebración por agente de Buenos Aires de la incidentintista"

"... Ambas partes invocan como fundamento de sus peticiones normas del Código Civil argentino sobre el pago, y a pesar de que los jueces no están limitados por las peticiones y pruebas de las partes en la aplicación del derecho extranjero, pueden fundarse en el derecho por ellas implícitamente elegido, pues no se requiere un convenio especial para admitir tal elección. Basta que ambas partes unilateralmente se basen en el mismo derecho para considerar que lo designan implícitamente aplicable (arg. Art. 1212, primera frase, del Cód. Civ.). Por lo que cabe concluir que las partes designaron como aplicable el derecho privado argentino para dirimir esta controversia, amén, por supuesto, de las normas cambiarias de policía argentinas ineludiblemente aplicables."

"Mediante esta autonomía material, las partes pueden crear directamente las normas materiales o sustanciales

"Los límites a respetar en el presente contrato por la autonomía material son, por un lado, los principios de orden público internacional, que hacen al espíritu de la legislación argentina (art. 14, inc. 2º, Cód. Civ. ), y las normas de policía (cfr. , sobre ellas, E.D. , 66-767, esp. 788) del derecho internacional privado argentino, en esta causa, cambiarias; y, por otro lado, las normas de policía extranjeras inderogables en tanto el negocio tenga una conexión económica

Tal coincidencia de voluntades, análogamente a lo que acontece con las convenciones contractuales de las partes, forma para ellas "una regla a la cual deben someterse como a la ley misma" (art. 1197, Cód. Civ.)."

A. Boggiano.

Aca les dejo el link por si lo quieren leer completo

Https://fallos.diprargentina.com/2008/05/feramrico-c-lital. Html

Cinthia Masotta
Buenos Aires, Argent...
Escrito por Cinthia Masotta
el 26/06/2009

Perdon, me di cuenta que transcribiendo las partes del fallo al word, cuando lo pase al foro no me copio el principio del fallo y quedo medio inentendible. Como no puedo modificar lo que postee Aquí lo paso…

“Sin duda acierta la incidentista al calificar la causa de la letra verificada como compraventa internacional, pues tanto los domicilios de las partes radican en países distintos cuanto las mercaderías vendidas y el pago del precio se caracterizan por un movimiento de ida y vuelta de capitales y mercaderías a través de las fronteras, según la tesis de la doctrina y jurisprudencia francesa”

“Este criterio resulta más adecuado aún para definir la internacionalidad del negocio. Desde esta perspectiva puede todavía precisarse el criterio, a nuestro juicio, calificando la internacionalidad del contrato cuando su sinalagma funcional, esto es, el desarrollo de su función económica mediante el cumplimiento de sus prestaciones, pone en contacto dos o más mercados nacionales. ”

“dicho negocio debe juzgarse según las normas y principios del derecho internacional privado argentino por la índole multinacional del caso, vinculado al estado de Illinois (E.U.A. ) y a la República Argentina “

“el escrito de contestación de la convocataria se basa en normas de derecho privado argentino. Estas circunstancias tornan necesario apreciar si las partes han elegido tácitamente el derecho privado argentino como aplicable a la cuestión planteada, mediante implícito acuerdo procesal, elección autorizada por la autonomía conflictual del derecho internacional privado argentino”

“Es importante despejar esta posible elección implícita, pues de lo contrario la compraventa de autos se regiría por el derecho domiciliario del vendedor Feramérico –interpretación de los artículos 1209, 1210, 1212 a1214, Código Civil argentino” …

Dora Copa
Lima, Perú
Escrito por Dora Copa
el 25/06/2010

Interesante la discusion planteada. En el caso peruano no existe semejante dificultad ya que se reconoce expresamente la autonomia conflictual en nuestro articulo 2095.

La discusion que plantean me hace recordar la evolucion historica posterior que tuvo el lugar de cumplimiento como factor de conexion:

Primeramente se reconocio el factor de conexion "lugar de celebracion" como la ley aplicable al contrato, sobre la base de ser considerado un elemento objetivo. Posteriormente luego se reflejo esta solucion como una via indirecta de reconocer a las partes decidir donde celebran el contrato. Por lo que este reconocimiento implicito evoluciona hacia la libertad de pactar el lugar de cumplimiento como factor mas vinculante por el peso que tiene el interes de las partes en la realizacion de las prestaciones.

En la actualidad pueden ver la evolucion reconocida en el CIDIP de 1994 (Mexico)

Saludos

Gustavo Pons Vittadini
Abogacía universidad de buenos aires
Escrito por Gustavo Pons Vittadini
el 14/06/2011

En efecto Dora, esa es la diferencia entre contar con normas de derecho internacional privado de fines del siglo XIX, y contar con un moderno código como el Peruano, y ya ni hablar de las soluciones modernas de la CIDIP sobre derecho aplicable a los contratos (no ratificada por la República Argentina).
De todos modos, como indicás, siempre están al alcance de la mano los fundamentos para reconocerle al sujeto la autonomía que le corresponde para actuar en la esfera internacional. Muy interesante tu aporte!