Es práctica habitual de las empresas de servicios profesionales que se dedican a la administración de fincas, efectuar, entre sus primeros pasos cuando se les elije como secretario-administrador de una Comunidad, una auditoría de las cuentas de las que se hacen cargo.
El alcance de dicho trabajo de auditoría se suele establecer sobre las cuentas del ejercicio en curso o del inmediato anterior en función del momento en el que se nombre al nuevo administrador (con ejercicio económico abierto, o ya cerrado); pero puede ser otro.
Tras los trabajos de campo que se ejecutan, se presentan las conclusiones clave, las evidencias justificativas de tales conclusiones, y las acciones a tomar según las mismas. Dichas acciones pueden llegar a ser la exigencia por vía judicial de responsabilidades al administrador cesado.
Otros pasos suelen ser la reunión con los proveedores de servicios de la comunidad, la entrevista personal a los empleados de la finca (si los tiene), la evaluación comparativa de los contratos de suministro (luz, gas,... ), la revisión de los niveles de servicio que prestan todos los proveedores y la propuesta de puntos de mejora extraidos de los pasos anteriores.
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